Civitas Estudios Ambientales, Politicos y Urbanos
Programa de RADIO
"LA OTRA CIUDAD"
Ambiente, Urbanismo y Politica.
Martes de 17:00 a 18:00 hs
Por la 98.7 FM Popular Santa Fe
Encuesta
¿CREE QUE EL GLIFOSATO ES REALMENTE TOXICO PARA HUMANOS Y ANIMALES, Y DEBERÍA SER PROHIBIDO?
Objetivos
CIVITAS es una organización sin fines de lucro, nacida en Santa Fe a comienzos del 2008.
Nuestro fin es lograr mejorar las cuestiones ambientales y urbanísticas de la ciudad y de sus habitantes.
Es por eso que el rol de la política, como acción, es fundamental para la concreción de los objetivos que CIVITAS propone, haciendo de la ciudad un mejor lugar para habitar
Noticias
La ciencia y el modelo de apropiación
Por Andrés E. Carrasco
En diciembre de 2009, en Santa Fe, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y salud humana, y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.
Recientemente, la comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco, que incrementó el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10 mil nacimientos. El informe de la comisión oficial, que fue acompañado por la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, contradice el “informe Conicet” de julio de 2009 y las reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, incinerando su credibilidad y la necesaria distancia que debe existir entre lo público y lo privado para preservar el interés público.
Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.
En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.
Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.
Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.
A su vez conduce a la destrucción del sujeto crítico, al reemplazo de lo público por lo privado y la subordinación de lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (política) por la ciencia (solución técnica), más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos políticos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.
Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.
* Investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA).
FUENTE: Página 12, Sábado 10 de julio de 2010
EN DEFENSA DE UNA LEY AMBIENTALISTA
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
Por Darío Aranda
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
FUENTE: Pagina 12, jueves 24 de junio de 2010
El Parlamento del Mercosur debatirá sobre la protección del medio ambiente
Los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, las medidas destinadas a protegerlo y la prevención de la enfermedad del dengue en la región serán los ejes centrales del debate que legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela llevarán a cabo a partir de mañana en el marco del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La 24a sesión ordinaria del Parlasur analizará la iniciativa que propone establecer controles a la caza, pesca y tala de bosques, entre otras actividades, en las áreas protegidas de la región denominada "Mata Atlántica Interior" o "Selva Paranaense" en la frontera norte de Argentina, indicaron fuentes del organismo.
Asimismo se tratará el proyecto de protección del "Bioma Pampa", en el cual se propone realizar estudios que involucren a especialistas en el área conjuntamente con las poblaciones locales.
Otros temas que estarán en consideración de los legisladores serán las propuestas de la cumbre de Naciones Unidas relacionadas con el cambio climático y la planificación de estrategias para la prevención del dengue.
Integrado por 90 legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país en proceso de integración plena al bloque), el Parlasur se creó en diciembre de 2006 en Brasilia en momentos en que los socios menores del organismo regional denunciaban la persistencia de asimetrías y las dificultades para ingresar sus productos al mercado ampliado.
FUENTE: Página 12 – 06 de junio de 2010
SEMINARIO AMBIENTAL BINACIONAL EN SANTA FE DE LA VERA CRUZ
CIUDADES SUSTENTABLES
Factores para su desarrollo y calidad de vida
Se desarrollo el pasado 14 de mayo de 2010, en la ciudad de Santa Fe, el III Seminario Ambiental denominado “CIUDADES SUSTENTABLES”, en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe, organizadora del evento junto con la UTN – Facultad Regional Santa Fe –, la Universidad de Playa Ancha – Valparaíso - del hermano país de Chile, la ACEP –Asociación Civil de Estudios Populares y la Fundación KONRAD ADENAUER STIFUNG.
CIVITAS, estuvo presente en esta importante Jornada y pudo constatar el interés que generó, reflejado en la gran concurrencia, fundamentalmente de jóvenes que siguieron con atención las exposiciones de los disertantes. Lo urbano-ambiental, la relación entre ciudad, ambiente y universidad, la ciudades puertos, el turismo y el medio ambiente, constituyeron los principales ejes temáticos abordados, en el marco de una serie de reflexiones conducentes a gestionar ciudades que en su desarrollo, contemplen parámetros adecuados de calidad de vida y sustentabilidad, que como lo expresara el Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Pbro. Dr. Gerardo Galleto, tengan como finalidad siempre, la felicidad del hombre.
Redacción CIVITAS, Dr. Adolfo A. Rojas Mors – 18 de mayo de 2010.
“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”
El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”
Por Darío Aranda
El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.
–Luego de trece años de trabajo, ¿qué producen los agroquímicos?
–Los anfibios son extremadamente vulnerables a todo tipo de sustancias químicas, especialmente a los utilizados en el agro. Los anfibios necesitan para su supervivencia de pequeños cuerpos de agua, donde los agroquímicos pueden alcanzar niveles letales. En la última década los ambientes naturales se alteraron, las relaciones que había en especies de fauna comenzaron a cambiar, algunas desaparecieron, otras que no estaban en gran cantidad comenzaron a ser especies dominantes, se perdió la relación en el funcionamiento del ecosistema.
–También confirmó casos de malformaciones.
–Así es. En el caso de anfibios es un fenómeno que está siendo reportado en distintas partes del mundo y se ha comprobado su relación con los agro-ecosistemas, fundamentalmente con el uso de algunos químicos. Nuestro grupo de trabajo ha podido observar a lo largo de años un notable incremento en la frecuencia y en los casos de malformaciones, siempre en relación con las áreas cultivadas.
–¿Cómo se debe interpretar el incremento en los casos de malformación justo en áreas donde está presente el cultivo industrial?
–Se interpreta como un indicador importante del grado de afectación de las actividades antrópicas (humanas) sobre las poblaciones de anfibios. Los resultados expuestos marcan una clara tendencia que relaciona sitios con intenso uso de agroquímicos y hábitat alterados con la mayor proporción en los tipos y casos de malformaciones.
–¿Cuál es el impacto de los agroquímicos en el medioambiente y en especial en los animales?
–Es muy difícil determinar exactamente cuál es el verdadero impacto, tampoco conviene separar ambiente por un lado, animales por otro y el hombre aparte. Los impactos suelen ser integrales y en muchos casos las derivaciones de éstos suelen verse después de varias generaciones, acuérdese de lo que paso con el DDT (insecticida utilizado desde la década del 30).
–¿Qué pasó con el DDT?
–El DDT en algún momento fue una solución para problemas con los mosquitos y la malaria. Se empezó a usar de forma masiva y luego se comenzó a ver que ocasionaba problemas reproductivos, había residuos hasta en casquetes polares, llegaba a estar en la leche de los seres humanos. Causó múltiples inconvenientes. Lo que primeramente era una solución para la humanidad luego se tornó un problema que llevó a que se prohíba. Sin embargo sus residuos siguen estando presentes en los ecosistemas de todo el mundo.
–¿Puede suceder lo mismo con las actuales agroquímicas?
–Muchas veces los químicos que estamos usando parecen ambientalmente amigables, según las pruebas o las certificaciones que tenemos en este momento, pero hay muchos ejemplos como para pensar que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento a nivel molecular, poblacional, y podremos ver sus consecuencias dentro de cuatro o cinco generaciones.
–¿Cómo es el efecto de los agroquímicos en el agua?
–En el agua se potencian los efectos. Gran parte de los agroquímicos fueron diseñados para el medio terrestre y cuando entran en contacto con el agua potencian su toxicidad miles o cientos de miles de veces.
–¿Su experiencia afirma que se puede controlar que los agroquímicos no lleguen al agua?
–Es muy difícil que no lleguen al agua, quizás imposible. La masividad que hay de su uso hace que la posibilidad de que llegue a ambientes acuáticos sea bastante alta.
–¿Por dónde pasaría la solución?
–Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás. El tema podría pasar por su manejo responsable.
–El “manejo responsable” es lo mismo que sostienen las empresas y es lo mismo que se decía del endosulfán o el DDT, hasta que se reconoció su efecto letal. Decir que se trata sólo de mal uso puede ser una forma empresarial de desligar responsabilidades.
–Estoy de acuerdo. El manejo responsable es una parte importante, a corto plazo. A un mediano y largo plazo habría que buscar otras soluciones al uso de tantos agroquímicos. Hay demasiados productos químicos en el ambiente y tendría que tratar de reducirse o reemplazarse por otras alternativas. Volviendo al caso de los anfibios, la mayoría de los productos utilizados en forma masiva, por ejemplo la cipermetrina, glifosato, endosulfán, está claro que no deben ser esparcidos cerca de un cuerpo de agua. Son todas sustancias que son sumamente peligrosas y que se tiene que hacer un uso muy responsable de eso.
–Usted hace eje en el uso responsable y el control. Si se toma sólo la soja, ¿cómo se controlan 19 de millones de hectáreas?
–Es imposible de controlar.
–Dejando de lado una cuestión conservacionista, ¿por qué es importante estudiar y entender lo que sucede con la fauna y los agroquímicos?
–Lo que les suceda a los anfibios de alguna manera les puede suceder a los humanos. Por otro lado los anfibios están considerados excelentes controladores biológicos de artrópodos (principalmente insectos) que en muchos casos pueden ser perjudiciales. También sirven de alimento a otras especies de vertebrados y las pieles de anfibios han sido consideradas como fuentes naturales de numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales.
–Para no caer en la disyuntiva “agroquímico sí” o “agroquímico no”, ¿cómo se debiera abordar integralmente el aspecto ambiental y sanitario de lo que implica el uso masivo de agroquímicos?
–Para empezar habría que tener mucho más manejo de la información, y bajar esa información a la sociedad. Así el ciudadano de a pie estará consciente de la cantidad de químicos que hay en los campos y en los alimentos. Eso podría provocar cierta presión social sobre el uso masivo de agroquímicos. Tendría que haber legislación más dura, y que se cumpla, y que los productos OGM estén catalogados en sus envases, como en Europa.
–La información que usted pide que la sociedad debe tener, ¿es información que no existe, y por eso no se difunde, o es información que está retenida en algún lugar?
(Sonríe) –Supongo que esa información debiera estar en algún lugar. Por ejemplo estadísticas reales de uso de agroquímicos, ya que no está declarado todo lo que se usa. No hay base de datos accesibles sobre el tema, y debieran existir.
–¿Por qué cree que no está disponible?
–No se difunde información sobre agroquímicos para no asustar a la gente. Hay que tener presente que, aun cuando se realice un buen manejo, pueden producir efectos nocivos y no tenemos que olvidar que los agroquímicos, en especial los plaguicidas, son sustancias químicas diseñadas para matar, lamentablemente no muy selectivas, que no distinguen grupos biológicos. En otro orden, pero vinculado con la misma lógica, como sucede con el tema de los combustibles fósiles, si bien existen alternativas a su uso, no se ve que en un plazo mediano esto ocurra, lo mismo pasa con los agroquímicos más peligrosos, ya que existen intereses económicos que sobrepasan todo razonamiento.
–¿Qué intereses?
–Las empresas que producen los agroquímicos, que venden la semilla, y logran un círculo vicioso que lo que más le interesa obviamente es seguir vendiendo. Es un claro interés económico que se impone sobre el cuidado del ambiente, de la fauna, de las generaciones futuras. El modelo actual está basado en esta utilización de agroquímicos para grandes cosechas. Es descabellado pensar que se puede parar de golpe, por más que creo que se debiera hacer. Pero se puede alertar y tratar de que este modelo productivo no nos trague, como nos está tragando.
–Usted habla de la importancia de la información. Es de público conocimiento que muchos agroquímicos se aprueban en Argentina en base a información aportada por las empresas, sin realizar estudios desde el Estado o ámbitos independientes. Por ejemplo en el caso de la soja y el glifosato nunca se hizo público el expediente de aprobación. ¿Qué opina?
(Sonríe largamente) –Hay mucha información que debe ser pública, sin dudas. Así como a los científicos de las universidades nos obligan a publicar nuestros investigaciones y nuestros trabajos pasan por un comité de ética, en el caso de las empresas debiera ser igual. A nosotros nos controlan muy de cerca por los microlitros de agroquímicos que utilizamos en investigación, y está muy bien que así sea, pero otros usan cientos de millones de litros de agroquímicos y nadie los controla.
–Su trabajo se centra en agroquímicos en anfibios, pero al mismo tiempo afirma que ambiente, animales y humanos no se pueden separar, que los impactos son integrales. ¿Cuáles podrían ser esos impactos en humanos?
–Hay que aclarar que a nivel humano los efectos suelen ser distintos por el nivel de exposición, ya que la fauna silvestre convive dentro de ese sistema con químicos. Aclarado eso, muchos productos agroquímicos tienen un modo de acción similar a nivel bioquímico tanto en anfibios como en humanos. Entonces el efecto podría llegar a ser el mismo. En conclusión, los anfibios se exponen antes que los humanos, sirven de alerta para los efectos que pudieran ocurrir con humanos. Por algo los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, son considerados indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
–¿Qué debiera hacerse para determinar cómo afecta a humanos?
–Debiera haber supervisión médica, profesionales de la medicina estudiando el tema. Y se podría llegar a tener avances importantes.
–¿Conoce trabajos sobre el impacto en humanos?
–Muy poco. En Argentina no hay.
–¿Por qué no hay?
–Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. En Argentina se estudia más la fauna silvestre que a los humanos.
–Es extraño que un país con la mitad de su superficie cultivable sembrada con soja no haya estudios sobre el impacto en humanos.
–Prefiero no responder.
–La relación en cuanto a cantidad usada de agroquímicos y cantidad de estudios es muy desproporcionada. ¿Por qué no hay más estudios sobre los impactos en ambiente y salud?
–No sé por qué no hay más estudios, pero sin duda hay una desproporción grande entre cantidad de agroquímicos e investigación sobre sus consecuencias. No son temas prioritarios, de agenda científica, quizá porque están más preocupados en la mayor producción, se piensa más en producir que en conservar recursos naturales. Es claro que siempre la ciencia legitima los modelos productivos, con estudios o con el silencio. En el caso del modelo agropecuario hay mucho silencio.
–La Justicia de Santa Fe emitió un fallo contra el uso de glifosato. Entre otras cuestiones no pide a los afectados que demuestren cómo los afecta, sino que exige a la provincia de Santa Fe que demuestre que no los afecta. Y da intervención a la UNL. ¿Qué debiera hacerse para estudiar seriamente eso?
(Se muestra sorprendido) –No estoy al tanto de esa intervención de la UNL. No me han avisado.
–Usted es una de las personas más calificadas ¿y no lo han consultado aún?
–No.
–Es extraño.</p>
–Puede ser.
–¿Desde la UNL se pueden realizar estudios sobre efectos del glifosato en humanos?
–Cualquier universidad nacional tiene el potencial humano para avanzar con esos estudios, que diluciden el costo social y sanitario del modelo productivo actual. El potencial humano le aseguro que está. Luego están los intereses que pueda tener cada institución. Las universidades tienen un compromiso con la sociedad y debieran ponerse al frente de todo este tipo de estudios.
–En el tema agroquímicos es recurrente el uso de un argumento: “No hay pruebas científicas de que hacen mal. Se puede usar”. ¿Está de acuerdo?
–Para nada. Habría que razonar de manera inversa y creo que hay que aplicar el principio precautorio. Más que probar que produce efecto nocivo, hay que probar que no produce efecto nocivo. Sobre todo con sustancias que están pensadas para matar, como los agroquímicos.
–Antes se decía que algunos químicos no eran perjudiciales. Luego se comprobó que sí. Sucedió con DDT, clordano, dieldrin, endrin, endosulfán. ¿Es descabellado pensar que podría pasar lo mismo con el glifosato?
–No es descabellado para nada. La ciencia lo puede demostrar dentro de unos años. Lo mismo sucede con los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, transgénicos).
–El año pasado hubo una fuerte polémica con el tema del glifosato. ¿Qué opinión le mereció esa puesta en agenda del debate?
–La puesta en debate me pareció muy buena, siempre abordar críticamente un tema tabú es bueno. Que la sociedad tenga acceso a información es bueno. Y me pareció muy valiente la acción de Andrés Carrasco (investigador que dio la alerta sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio).
–La Presidenta creó una comisión investigadora sobre el glifosato, y ese espacio luego elaboró un informe sobre el tema. ¿Qué le pareció?
–Tuve oportunidad de leer el informe. Ante todo, me llamó la atención que nunca fuera presentado públicamente ni esté en el sitio del Conicet, donde se difunden todos los trabajos donde interviene la institución. El informe es una recopilación de información y es cierto que había muchos estudios que fueron financiados por Monsanto, por lo cual no son trabajos independientes. Como todo trabajo que se precie de “científico”, tenía que haber sido sometido a arbitraje, como cualquier documento científico, y no se siguió ese regla básica.
–¿Por qué cree que no fue presentado oficialmente?
–Quizá porque se expone a muchísimas críticas.
–El habitante del campo o zonas periurbanas hace tiempo que alerta que ya no hay tal o cual animal del monte. También suelen denunciar efectos nocivos luego de fumigaciones y casi siempre esos dichos son subestimados. ¿Tienen asidero científico sus denuncias?
–Sin duda. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños, ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos.
FUENTE. Página 12, 10 de mayo de 2010
CUMBRE ECOLOGICA EN COCHABAMBA
SALVAR AL MUNDO
Por Sebastián Ochoa
Las 17 mesas de la conferencia comenzaron a debatir sus resoluciones, luego de tres días de debate en esta población. En ellas participan 36 mil personas de 136 países, que dialogan para encontrar consensos sobre la mejor forma de salvar al mundo, puesto en peligro –de acuerdo con los asistentes– por los métodos de producción impuestos con el sistema capitalista. Esta tarde, el presidente Evo Morales junto a otros mandatarios cerrarán el encuentro en el estadio de la ciudad de Cochabamba con la presentación de la declaración final. Se espera que en esa ocasión Morales no vuelva a soltar conceptos oscurantistas contra los homosexuales, como pasó en la inauguración.
El presidente se reunió con la prensa en el Hotel Regina, donde se desarrollan algunas de las mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc). Morales dijo que las resoluciones deberán ser consideradas en la Conferencia de las Naciones Unidas, que se realizará a fin de año en México. Será la COP 16, donde se pretenderá alcanzar los acuerdos ausentes en la COP 15, hecha en diciembre pasado en Dinamarca.
La Cmpcc “fue una necesidad ante la posición de los países industrializados en la COP 15 en Copenhague, cuando pretendieron aprobar decisiones que no contribuían en nada a velar por la sobrevivencia del planeta”. Morales se refería al Entendimiento de Copenhague, redactado por cinco países que reunió el presidente Barack Obama, de Estados Unidos. En ese documento, ningún país rico se compromete a reducir sus emisiones contaminantes, que tanto dinero les proveyeron y causan perjuicios al medioambiente como a sus abonados. El entendimiento tampoco define con cuánto deben aportar estos países para que las naciones empobrecidas enfrenten al cambio climático. Es un retroceso en comparación al Protocolo de Kioto, según los participantes.
“En Copenhague, los industrializados querían imponer un documento no para salvar la vida, sino que aliente su política contaminadora del medio ambiente”, dijo el presidente.
Aunque el entendimiento fue firmado por cinco países, hasta hoy 110 naciones se adhirieron. Según el gobierno boliviano, esto fue posible porque los países ricos presionan económicamente a los empobrecidos. “El imperio chantajea a veces a algunos gobiernos para que apoyen sus medidas. Se hace vital escuchar a los pueblos para atender sus demandas, antes que a intereses extraños”, sostuvo Morales.
La Cmpcc trabaja para proponer cuáles son los derechos del mundo. “Es más importante respetar los derechos de la Madre Tierra que los derechos humanos, porque si la acción depredadora de la irracional industrialización provoca la desaparición del planeta, no habrá seres humanos”, razonó el líder aymara.
El presidente evaluó que una de las principales propuestas de las mesas será la de realizar un referéndum global, así la población decidirá si desea vivir según el sistema capitalista. Otra, que los países más contaminantes reduzcan sus emisiones de gases en un 50 por ciento hasta 2020. Una más será la conformación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a estados y empresas que cometan delitos contra el medioambiente.
Bajo la órbita de qué organismo multilateral debiera quedar este tribunal aún se desconoce. Ante la contingencia de que ninguno lo cobije, Morales propuso la creación de la Unión de Naciones Originarias (UNO) para complementar o reemplazar a la ONU. “De este evento internacional tiene que nacer una nueva organización de los movimientos sociales. Qué mejor, con la participación de expertos o personalidades sobre los derechos de la Madre Tierra”, opinó Morales.
FUENTE: Página 12, Jueves 22 de abril de 2010
Un nuevo satélite examinará el océano, el clima y el medio ambiente
Ojos argentinos sobre el mar
Es el SAC-D Aquarius, uno de los más desarrollados del mundo y hecho completamente en el país. Ayer fue presentado en Bariloche. Este es el cuarto satélite argentino de la serie SAC desarrollado por la Conae.
Por Ignacio Jawtuschenko
Si bien de lejos se ven como luces chiquitas, los satélites son de las cosas que hacen grande a un país. Y un nuevo satélite argentino será lanzado a fin de este año. Se trata del SAC-D Aquarius, uno de los más desarrollados del mundo, hecho completamente en el país y que ayer fue presentado en la ciudad de Bariloche durante un seminario encabezado por el canciller Jorge Taiana y el director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Conrado Franco Varotto.
A Bariloche llegaron los embajadores de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia y Francia y funcionarios nacionales como el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
“Esta misión satelital está en la frontera del conocimiento”, dijo Varotto. Es que el satélite argentino carga con una fuerte responsabilidad: la agencia espacial norteamericana NASA puso a bordo un instrumento de punta denominado Aquarius, que por primera vez medirá la salinidad del mar desde el espacio. Tal como lo sugiere su nombre, su misión será la de un observatorio con los ojos puestos en el océano, el clima y el medio ambiente y orbitará a más de 600 kilómetros de altura.
Una vez finalizada la fase de pruebas en Brasil, está previsto que sea enviado al espacio por la NASA con el vehículo Delta II, desde la base Vanderberg en California, Estados Unidos.
Este es el cuarto satélite argentino de la serie SAC (Satélite de Aplicaciones Científicas) desarrollado por la Conae. Integra el plan del área espacial argentino con un horizonte de once años, que apunta a orientar la tecnología espacial para resolver problemas socioeconómicos y productivos del país.
El canciller Jorge Taiana remarcó: “Este satélite es una herramienta para nuestro desarrollo productivo y tecnológico. Lo que llevamos adelante en nuestro plan espacial se sostiene sobre cuatro exigencias: que sea al máximo nivel tecnológico, que la cooperación científica sea un vehículo para la integración regional, que tenga el máximo impacto social posible y que ocupe lo máximo posible a la industria nacional”.
Con su 1,4 tonelada de peso, 2,7 metros de diámetro y una antena con forma de sartén colgada de un mecanismo de despliegue que alcanza 7 metros de largo, dará 14 vueltas alrededor de la Tierra por día, a lo largo de una vida útil de cinco años, que bien pueden ser más.
La anatomía del SAC-D Aquarius la completan ocho instrumentos de alta complejidad suministrados por organismos científicos de varios países. Es que el área de la tecnología espacial para usos pacíficos es un campo fértil para la cooperación internacional. En esta misión trabaja la Conae en cooperación con la NASA de los Estados Unidos, la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) de Italia, el Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) de Francia, la Canadian Space Agency (CSA) de Canadá y el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Surcan el cielo diversos tipos de satélites, los naturales como la Luna y los artificiales, entre los cuales hay de telecomunicaciones (que transmiten partidos de fútbol de un continente a otro), militares (surgidos durante la Guerra Fría), astronómicos (para estudiar las galaxias) o meteorológicos, como el SAC-D, que vuela con la misión de aportar información sobre el océano, el clima y medio ambiente, con la enorme ventaja que significa moverse a gran altura. Con su mirada llegará a escrutar regiones del país inaccesibles por tierra. Para esto combina un manojo de tecnologías como cámaras ópticas y térmicas y radiómetros de microondas, que se complementan unos con otros.
Derramará toboganes de información de interés para los argentinos y el mundo entero. A escala planetaria, el agua de los océanos tiene una fuerte influencia sobre la temperatura y el clima. El SAC-D Aquarius los surcará por primera vez, reuniendo datos acerca de la salinidad de los mares que bordean los cinco continentes y los cinco océanos del globo. Según los especialistas, conocer la densidad de la sal del mar es clave para entender las interacciones entre el ciclo del agua, la circulación oceánica, el clima y elaborar modelos a largo plazo.
Orbitando a 657 kilómetros de altura, será también una campana de alerta temprana frente a inundaciones y la aparición de enfermedades como el dengue o el chagas. Y aunque esté tan lejos y rodeado de silencio y oscuridad será un aliado de la actividad agropecuaria, ya que proveerá datos sobre pronóstico de cosechas, humedad del suelo o focos de incendio.
En la reunión de ayer, Varotto sostuvo que “esta misión constituye la mayor cooperación científica en la historia de la Argentina y los Estados Unidos”. El socio principal de la Conae en este proyecto es la NASA, que aporta los servicios de lanzamiento del satélite y el ya mencionado instrumento Aquarius. Lanzarlo, colocarlo en órbita, es casi tan costoso como construirlo. Y ese gasto corre por cuenta de la NASA, que en conjunto aporta cerca de 200 millones de dólares
FUENTE: Página 12, Sábado, 20 de marzo de 2010
Por primera vez, la humanidad se topa con el límite de los recursos naturales
Kempf acaba de publicar su segundo libro, Para salvar el p
La ciencia y el modelo de apropiación
Por Andrés E. Carrasco
En diciembre de 2009, en Santa Fe, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y salud humana, y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.
Recientemente, la comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco, que incrementó el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10 mil nacimientos. El informe de la comisión oficial, que fue acompañado por la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, contradice el “informe Conicet” de julio de 2009 y las reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, incinerando su credibilidad y la necesaria distancia que debe existir entre lo público y lo privado para preservar el interés público.
Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.
En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.
Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.
Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.
A su vez conduce a la destrucción del sujeto crítico, al reemplazo de lo público por lo privado y la subordinación de lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (política) por la ciencia (solución técnica), más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos políticos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.
Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.
* Investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA).
FUENTE: Página 12, Sábado 10 de julio de 2010
EN DEFENSA DE UNA LEY AMBIENTALISTA
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
Por Darío Aranda
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
FUENTE: Pagina 12, jueves 24 de junio de 2010
El Parlamento del Mercosur debatirá sobre la protección del medio ambiente
Los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, las medidas destinadas a protegerlo y la prevención de la enfermedad del dengue en la región serán los ejes centrales del debate que legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela llevarán a cabo a partir de mañana en el marco del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La 24a sesión ordinaria del Parlasur analizará la iniciativa que propone establecer controles a la caza, pesca y tala de bosques, entre otras actividades, en las áreas protegidas de la región denominada "Mata Atlántica Interior" o "Selva Paranaense" en la frontera norte de Argentina, indicaron fuentes del organismo.
Asimismo se tratará el proyecto de protección del "Bioma Pampa", en el cual se propone realizar estudios que involucren a especialistas en el área conjuntamente con las poblaciones locales.
Otros temas que estarán en consideración de los legisladores serán las propuestas de la cumbre de Naciones Unidas relacionadas con el cambio climático y la planificación de estrategias para la prevención del dengue.
Integrado por 90 legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país en proceso de integración plena al bloque), el Parlasur se creó en diciembre de 2006 en Brasilia en momentos en que los socios menores del organismo regional denunciaban la persistencia de asimetrías y las dificultades para ingresar sus productos al mercado ampliado.
FUENTE: Página 12 – 06 de junio de 2010
SEMINARIO AMBIENTAL BINACIONAL EN SANTA FE DE LA VERA CRUZ
CIUDADES SUSTENTABLES
Factores para su desarrollo y calidad de vida
Se desarrollo el pasado 14 de mayo de 2010, en la ciudad de Santa Fe, el III Seminario Ambiental denominado “CIUDADES SUSTENTABLES”, en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe, organizadora del evento junto con la UTN – Facultad Regional Santa Fe –, la Universidad de Playa Ancha – Valparaíso - del hermano país de Chile, la ACEP –Asociación Civil de Estudios Populares y la Fundación KONRAD ADENAUER STIFUNG.
CIVITAS, estuvo presente en esta importante Jornada y pudo constatar el interés que generó, reflejado en la gran concurrencia, fundamentalmente de jóvenes que siguieron con atención las exposiciones de los disertantes. Lo urbano-ambiental, la relación entre ciudad, ambiente y universidad, la ciudades puertos, el turismo y el medio ambiente, constituyeron los principales ejes temáticos abordados, en el marco de una serie de reflexiones conducentes a gestionar ciudades que en su desarrollo, contemplen parámetros adecuados de calidad de vida y sustentabilidad, que como lo expresara el Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Pbro. Dr. Gerardo Galleto, tengan como finalidad siempre, la felicidad del hombre.
Redacción CIVITAS, Dr. Adolfo A. Rojas Mors – 18 de mayo de 2010.
“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”
El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”
Por Darío Aranda
El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.
–Luego de trece años de trabajo, ¿qué producen los agroquímicos?
–Los anfibios son extremadamente vulnerables a todo tipo de sustancias químicas, especialmente a los utilizados en el agro. Los anfibios necesitan para su supervivencia de pequeños cuerpos de agua, donde los agroquímicos pueden alcanzar niveles letales. En la última década los ambientes naturales se alteraron, las relaciones que había en especies de fauna comenzaron a cambiar, algunas desaparecieron, otras que no estaban en gran cantidad comenzaron a ser especies dominantes, se perdió la relación en el funcionamiento del ecosistema.
–También confirmó casos de malformaciones.
–Así es. En el caso de anfibios es un fenómeno que está siendo reportado en distintas partes del mundo y se ha comprobado su relación con los agro-ecosistemas, fundamentalmente con el uso de algunos químicos. Nuestro grupo de trabajo ha podido observar a lo largo de años un notable incremento en la frecuencia y en los casos de malformaciones, siempre en relación con las áreas cultivadas.
–¿Cómo se debe interpretar el incremento en los casos de malformación justo en áreas donde está presente el cultivo industrial?
–Se interpreta como un indicador importante del grado de afectación de las actividades antrópicas (humanas) sobre las poblaciones de anfibios. Los resultados expuestos marcan una clara tendencia que relaciona sitios con intenso uso de agroquímicos y hábitat alterados con la mayor proporción en los tipos y casos de malformaciones.
–¿Cuál es el impacto de los agroquímicos en el medioambiente y en especial en los animales?
–Es muy difícil determinar exactamente cuál es el verdadero impacto, tampoco conviene separar ambiente por un lado, animales por otro y el hombre aparte. Los impactos suelen ser integrales y en muchos casos las derivaciones de éstos suelen verse después de varias generaciones, acuérdese de lo que paso con el DDT (insecticida utilizado desde la década del 30).
–¿Qué pasó con el DDT?
–El DDT en algún momento fue una solución para problemas con los mosquitos y la malaria. Se empezó a usar de forma masiva y luego se comenzó a ver que ocasionaba problemas reproductivos, había residuos hasta en casquetes polares, llegaba a estar en la leche de los seres humanos. Causó múltiples inconvenientes. Lo que primeramente era una solución para la humanidad luego se tornó un problema que llevó a que se prohíba. Sin embargo sus residuos siguen estando presentes en los ecosistemas de todo el mundo.
–¿Puede suceder lo mismo con las actuales agroquímicas?
–Muchas veces los químicos que estamos usando parecen ambientalmente amigables, según las pruebas o las certificaciones que tenemos en este momento, pero hay muchos ejemplos como para pensar que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento a nivel molecular, poblacional, y podremos ver sus consecuencias dentro de cuatro o cinco generaciones.
–¿Cómo es el efecto de los agroquímicos en el agua?
–En el agua se potencian los efectos. Gran parte de los agroquímicos fueron diseñados para el medio terrestre y cuando entran en contacto con el agua potencian su toxicidad miles o cientos de miles de veces.
–¿Su experiencia afirma que se puede controlar que los agroquímicos no lleguen al agua?
–Es muy difícil que no lleguen al agua, quizás imposible. La masividad que hay de su uso hace que la posibilidad de que llegue a ambientes acuáticos sea bastante alta.
–¿Por dónde pasaría la solución?
–Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás. El tema podría pasar por su manejo responsable.
–El “manejo responsable” es lo mismo que sostienen las empresas y es lo mismo que se decía del endosulfán o el DDT, hasta que se reconoció su efecto letal. Decir que se trata sólo de mal uso puede ser una forma empresarial de desligar responsabilidades.
–Estoy de acuerdo. El manejo responsable es una parte importante, a corto plazo. A un mediano y largo plazo habría que buscar otras soluciones al uso de tantos agroquímicos. Hay demasiados productos químicos en el ambiente y tendría que tratar de reducirse o reemplazarse por otras alternativas. Volviendo al caso de los anfibios, la mayoría de los productos utilizados en forma masiva, por ejemplo la cipermetrina, glifosato, endosulfán, está claro que no deben ser esparcidos cerca de un cuerpo de agua. Son todas sustancias que son sumamente peligrosas y que se tiene que hacer un uso muy responsable de eso.
–Usted hace eje en el uso responsable y el control. Si se toma sólo la soja, ¿cómo se controlan 19 de millones de hectáreas?
–Es imposible de controlar.
–Dejando de lado una cuestión conservacionista, ¿por qué es importante estudiar y entender lo que sucede con la fauna y los agroquímicos?
–Lo que les suceda a los anfibios de alguna manera les puede suceder a los humanos. Por otro lado los anfibios están considerados excelentes controladores biológicos de artrópodos (principalmente insectos) que en muchos casos pueden ser perjudiciales. También sirven de alimento a otras especies de vertebrados y las pieles de anfibios han sido consideradas como fuentes naturales de numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales.
–Para no caer en la disyuntiva “agroquímico sí” o “agroquímico no”, ¿cómo se debiera abordar integralmente el aspecto ambiental y sanitario de lo que implica el uso masivo de agroquímicos?
–Para empezar habría que tener mucho más manejo de la información, y bajar esa información a la sociedad. Así el ciudadano de a pie estará consciente de la cantidad de químicos que hay en los campos y en los alimentos. Eso podría provocar cierta presión social sobre el uso masivo de agroquímicos. Tendría que haber legislación más dura, y que se cumpla, y que los productos OGM estén catalogados en sus envases, como en Europa.
–La información que usted pide que la sociedad debe tener, ¿es información que no existe, y por eso no se difunde, o es información que está retenida en algún lugar?
(Sonríe) –Supongo que esa información debiera estar en algún lugar. Por ejemplo estadísticas reales de uso de agroquímicos, ya que no está declarado todo lo que se usa. No hay base de datos accesibles sobre el tema, y debieran existir.
–¿Por qué cree que no está disponible?
–No se difunde información sobre agroquímicos para no asustar a la gente. Hay que tener presente que, aun cuando se realice un buen manejo, pueden producir efectos nocivos y no tenemos que olvidar que los agroquímicos, en especial los plaguicidas, son sustancias químicas diseñadas para matar, lamentablemente no muy selectivas, que no distinguen grupos biológicos. En otro orden, pero vinculado con la misma lógica, como sucede con el tema de los combustibles fósiles, si bien existen alternativas a su uso, no se ve que en un plazo mediano esto ocurra, lo mismo pasa con los agroquímicos más peligrosos, ya que existen intereses económicos que sobrepasan todo razonamiento.
–¿Qué intereses?
–Las empresas que producen los agroquímicos, que venden la semilla, y logran un círculo vicioso que lo que más le interesa obviamente es seguir vendiendo. Es un claro interés económico que se impone sobre el cuidado del ambiente, de la fauna, de las generaciones futuras. El modelo actual está basado en esta utilización de agroquímicos para grandes cosechas. Es descabellado pensar que se puede parar de golpe, por más que creo que se debiera hacer. Pero se puede alertar y tratar de que este modelo productivo no nos trague, como nos está tragando.
–Usted habla de la importancia de la información. Es de público conocimiento que muchos agroquímicos se aprueban en Argentina en base a información aportada por las empresas, sin realizar estudios desde el Estado o ámbitos independientes. Por ejemplo en el caso de la soja y el glifosato nunca se hizo público el expediente de aprobación. ¿Qué opina?
(Sonríe largamente) –Hay mucha información que debe ser pública, sin dudas. Así como a los científicos de las universidades nos obligan a publicar nuestros investigaciones y nuestros trabajos pasan por un comité de ética, en el caso de las empresas debiera ser igual. A nosotros nos controlan muy de cerca por los microlitros de agroquímicos que utilizamos en investigación, y está muy bien que así sea, pero otros usan cientos de millones de litros de agroquímicos y nadie los controla.
–Su trabajo se centra en agroquímicos en anfibios, pero al mismo tiempo afirma que ambiente, animales y humanos no se pueden separar, que los impactos son integrales. ¿Cuáles podrían ser esos impactos en humanos?
–Hay que aclarar que a nivel humano los efectos suelen ser distintos por el nivel de exposición, ya que la fauna silvestre convive dentro de ese sistema con químicos. Aclarado eso, muchos productos agroquímicos tienen un modo de acción similar a nivel bioquímico tanto en anfibios como en humanos. Entonces el efecto podría llegar a ser el mismo. En conclusión, los anfibios se exponen antes que los humanos, sirven de alerta para los efectos que pudieran ocurrir con humanos. Por algo los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, son considerados indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
–¿Qué debiera hacerse para determinar cómo afecta a humanos?
–Debiera haber supervisión médica, profesionales de la medicina estudiando el tema. Y se podría llegar a tener avances importantes.
–¿Conoce trabajos sobre el impacto en humanos?
–Muy poco. En Argentina no hay.
–¿Por qué no hay?
–Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. En Argentina se estudia más la fauna silvestre que a los humanos.
–Es extraño que un país con la mitad de su superficie cultivable sembrada con soja no haya estudios sobre el impacto en humanos.
–Prefiero no responder.
–La relación en cuanto a cantidad usada de agroquímicos y cantidad de estudios es muy desproporcionada. ¿Por qué no hay más estudios sobre los impactos en ambiente y salud?
–No sé por qué no hay más estudios, pero sin duda hay una desproporción grande entre cantidad de agroquímicos e investigación sobre sus consecuencias. No son temas prioritarios, de agenda científica, quizá porque están más preocupados en la mayor producción, se piensa más en producir que en conservar recursos naturales. Es claro que siempre la ciencia legitima los modelos productivos, con estudios o con el silencio. En el caso del modelo agropecuario hay mucho silencio.
–La Justicia de Santa Fe emitió un fallo contra el uso de glifosato. Entre otras cuestiones no pide a los afectados que demuestren cómo los afecta, sino que exige a la provincia de Santa Fe que demuestre que no los afecta. Y da intervención a la UNL. ¿Qué debiera hacerse para estudiar seriamente eso?
(Se muestra sorprendido) –No estoy al tanto de esa intervención de la UNL. No me han avisado.
–Usted es una de las personas más calificadas ¿y no lo han consultado aún?
–No.
–Es extraño.</p>
–Puede ser.
–¿Desde la UNL se pueden realizar estudios sobre efectos del glifosato en humanos?
–Cualquier universidad nacional tiene el potencial humano para avanzar con esos estudios, que diluciden el costo social y sanitario del modelo productivo actual. El potencial humano le aseguro que está. Luego están los intereses que pueda tener cada institución. Las universidades tienen un compromiso con la sociedad y debieran ponerse al frente de todo este tipo de estudios.
–En el tema agroquímicos es recurrente el uso de un argumento: “No hay pruebas científicas de que hacen mal. Se puede usar”. ¿Está de acuerdo?
–Para nada. Habría que razonar de manera inversa y creo que hay que aplicar el principio precautorio. Más que probar que produce efecto nocivo, hay que probar que no produce efecto nocivo. Sobre todo con sustancias que están pensadas para matar, como los agroquímicos.
–Antes se decía que algunos químicos no eran perjudiciales. Luego se comprobó que sí. Sucedió con DDT, clordano, dieldrin, endrin, endosulfán. ¿Es descabellado pensar que podría pasar lo mismo con el glifosato?
–No es descabellado para nada. La ciencia lo puede demostrar dentro de unos años. Lo mismo sucede con los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, transgénicos).
–El año pasado hubo una fuerte polémica con el tema del glifosato. ¿Qué opinión le mereció esa puesta en agenda del debate?
–La puesta en debate me pareció muy buena, siempre abordar críticamente un tema tabú es bueno. Que la sociedad tenga acceso a información es bueno. Y me pareció muy valiente la acción de Andrés Carrasco (investigador que dio la alerta sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio).
–La Presidenta creó una comisión investigadora sobre el glifosato, y ese espacio luego elaboró un informe sobre el tema. ¿Qué le pareció?
–Tuve oportunidad de leer el informe. Ante todo, me llamó la atención que nunca fuera presentado públicamente ni esté en el sitio del Conicet, donde se difunden todos los trabajos donde interviene la institución. El informe es una recopilación de información y es cierto que había muchos estudios que fueron financiados por Monsanto, por lo cual no son trabajos independientes. Como todo trabajo que se precie de “científico”, tenía que haber sido sometido a arbitraje, como cualquier documento científico, y no se siguió ese regla básica.
–¿Por qué cree que no fue presentado oficialmente?
–Quizá porque se expone a muchísimas críticas.
–El habitante del campo o zonas periurbanas hace tiempo que alerta que ya no hay tal o cual animal del monte. También suelen denunciar efectos nocivos luego de fumigaciones y casi siempre esos dichos son subestimados. ¿Tienen asidero científico sus denuncias?
–Sin duda. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños, ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos.
FUENTE. Página 12, 10 de mayo de 2010
CUMBRE ECOLOGICA EN COCHABAMBA
La ciencia y el modelo de apropiación
Por Andrés E. Carrasco
En diciembre de 2009, en Santa Fe, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y salud humana, y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.
Recientemente, la comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco, que incrementó el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10 mil nacimientos. El informe de la comisión oficial, que fue acompañado por la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, contradice el “informe Conicet” de julio de 2009 y las reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, incinerando su credibilidad y la necesaria distancia que debe existir entre lo público y lo privado para preservar el interés público.
Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.
En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.
Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.
Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.
A su vez conduce a la destrucción del sujeto crítico, al reemplazo de lo público por lo privado y la subordinación de lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (política) por la ciencia (solución técnica), más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos políticos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.
Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.
* Investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA).
FUENTE: Página 12, Sábado 10 de julio de 2010
EN DEFENSA DE UNA LEY AMBIENTALISTA
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
Por Darío Aranda
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
FUENTE: Pagina 12, jueves 24 de junio de 2010
El Parlamento del Mercosur debatirá sobre la protección del medio ambiente
Los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, las medidas destinadas a protegerlo y la prevención de la enfermedad del dengue en la región serán los ejes centrales del debate que legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela llevarán a cabo a partir de mañana en el marco del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La 24a sesión ordinaria del Parlasur analizará la iniciativa que propone establecer controles a la caza, pesca y tala de bosques, entre otras actividades, en las áreas protegidas de la región denominada "Mata Atlántica Interior" o "Selva Paranaense" en la frontera norte de Argentina, indicaron fuentes del organismo.
Asimismo se tratará el proyecto de protección del "Bioma Pampa", en el cual se propone realizar estudios que involucren a especialistas en el área conjuntamente con las poblaciones locales.
Otros temas que estarán en consideración de los legisladores serán las propuestas de la cumbre de Naciones Unidas relacionadas con el cambio climático y la planificación de estrategias para la prevención del dengue.
Integrado por 90 legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país en proceso de integración plena al bloque), el Parlasur se creó en diciembre de 2006 en Brasilia en momentos en que los socios menores del organismo regional denunciaban la persistencia de asimetrías y las dificultades para ingresar sus productos al mercado ampliado.
FUENTE: Página 12 – 06 de junio de 2010
SEMINARIO AMBIENTAL BINACIONAL EN SANTA FE DE LA VERA CRUZ
CIUDADES SUSTENTABLES
Factores para su desarrollo y calidad de vida
Se desarrollo el pasado 14 de mayo de 2010, en la ciudad de Santa Fe, el III Seminario Ambiental denominado “CIUDADES SUSTENTABLES”, en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe, organizadora del evento junto con la UTN – Facultad Regional Santa Fe –, la Universidad de Playa Ancha – Valparaíso - del hermano país de Chile, la ACEP –Asociación Civil de Estudios Populares y la Fundación KONRAD ADENAUER STIFUNG.
CIVITAS, estuvo presente en esta importante Jornada y pudo constatar el interés que generó, reflejado en la gran concurrencia, fundamentalmente de jóvenes que siguieron con atención las exposiciones de los disertantes. Lo urbano-ambiental, la relación entre ciudad, ambiente y universidad, la ciudades puertos, el turismo y el medio ambiente, constituyeron los principales ejes temáticos abordados, en el marco de una serie de reflexiones conducentes a gestionar ciudades que en su desarrollo, contemplen parámetros adecuados de calidad de vida y sustentabilidad, que como lo expresara el Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Pbro. Dr. Gerardo Galleto, tengan como finalidad siempre, la felicidad del hombre.
Redacción CIVITAS, Dr. Adolfo A. Rojas Mors – 18 de mayo de 2010.
“Rehenes de un modelo productivo poco sustentable”
El científico de la Universidad del Litoral se pregunta por los pocos estudios que se realizan sobre agroquímicos en comparación con la gran cantidad de ellos que se utilizan. “Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores –señala–, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás.”
Por Darío Aranda
El nombre de Rafael Lajmanovich se vuelve recurrente para cualquiera que se introduce al mundo de los agroquímicos en Argentina. Investigador del Conicet, doctor en ciencias naturales y profesor titular de ecotoxicología en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), de perfil muy bajo, y reacio a la prensa, la consulta al especialista fue recomendada por científicos de diversas universidades, organizaciones socioambientales e incluso por entidades que nuclean a productores de soja. Comenzó a investigar los efectos de los químicos agrarios hace trece años, cuando el monocultivo comenzaba a creer geométricamente y pocos hablaban del glifosato, el endosulfán y otros productos básicos de los agronegocios. El primer contacto de este redactor con Lajmanovich fue en abril de 2009, cuando el investigador del Conicet y director del Laboratorio de Embriología de la UBA, Andrés Carrasco, alertó sobre los efectos del glifosato. En ese momento Lajmanovich declinó la propuesta de una entrevista. Entendía que era un error reducir la denuncia a un solo producto (el glifosato) y afirmaba que el debate debía incluir a todos los sectores involucrados, “en especial a los pobladores locales, en muchos casos rehenes de un modelo productivo poco sustentable”. Luego de un año de gestiones, el investigador aceptó un reportaje. Alertó sobre las consecuencias del modelo agropecuario, confirmó los efectos nocivos en los anfibios, llamó la atención sobre la falta de estudios en humanos, echó sospechas por la falta de información en la sociedad, denunció la primacía de la rentabilidad por sobre el ambiente y la salud, y aportó una mirada crítica al accionar del mundo académico y científico.
–Luego de trece años de trabajo, ¿qué producen los agroquímicos?
–Los anfibios son extremadamente vulnerables a todo tipo de sustancias químicas, especialmente a los utilizados en el agro. Los anfibios necesitan para su supervivencia de pequeños cuerpos de agua, donde los agroquímicos pueden alcanzar niveles letales. En la última década los ambientes naturales se alteraron, las relaciones que había en especies de fauna comenzaron a cambiar, algunas desaparecieron, otras que no estaban en gran cantidad comenzaron a ser especies dominantes, se perdió la relación en el funcionamiento del ecosistema.
–También confirmó casos de malformaciones.
–Así es. En el caso de anfibios es un fenómeno que está siendo reportado en distintas partes del mundo y se ha comprobado su relación con los agro-ecosistemas, fundamentalmente con el uso de algunos químicos. Nuestro grupo de trabajo ha podido observar a lo largo de años un notable incremento en la frecuencia y en los casos de malformaciones, siempre en relación con las áreas cultivadas.
–¿Cómo se debe interpretar el incremento en los casos de malformación justo en áreas donde está presente el cultivo industrial?
–Se interpreta como un indicador importante del grado de afectación de las actividades antrópicas (humanas) sobre las poblaciones de anfibios. Los resultados expuestos marcan una clara tendencia que relaciona sitios con intenso uso de agroquímicos y hábitat alterados con la mayor proporción en los tipos y casos de malformaciones.
–¿Cuál es el impacto de los agroquímicos en el medioambiente y en especial en los animales?
–Es muy difícil determinar exactamente cuál es el verdadero impacto, tampoco conviene separar ambiente por un lado, animales por otro y el hombre aparte. Los impactos suelen ser integrales y en muchos casos las derivaciones de éstos suelen verse después de varias generaciones, acuérdese de lo que paso con el DDT (insecticida utilizado desde la década del 30).
–¿Qué pasó con el DDT?
–El DDT en algún momento fue una solución para problemas con los mosquitos y la malaria. Se empezó a usar de forma masiva y luego se comenzó a ver que ocasionaba problemas reproductivos, había residuos hasta en casquetes polares, llegaba a estar en la leche de los seres humanos. Causó múltiples inconvenientes. Lo que primeramente era una solución para la humanidad luego se tornó un problema que llevó a que se prohíba. Sin embargo sus residuos siguen estando presentes en los ecosistemas de todo el mundo.
–¿Puede suceder lo mismo con las actuales agroquímicas?
–Muchas veces los químicos que estamos usando parecen ambientalmente amigables, según las pruebas o las certificaciones que tenemos en este momento, pero hay muchos ejemplos como para pensar que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento a nivel molecular, poblacional, y podremos ver sus consecuencias dentro de cuatro o cinco generaciones.
–¿Cómo es el efecto de los agroquímicos en el agua?
–En el agua se potencian los efectos. Gran parte de los agroquímicos fueron diseñados para el medio terrestre y cuando entran en contacto con el agua potencian su toxicidad miles o cientos de miles de veces.
–¿Su experiencia afirma que se puede controlar que los agroquímicos no lleguen al agua?
–Es muy difícil que no lleguen al agua, quizás imposible. La masividad que hay de su uso hace que la posibilidad de que llegue a ambientes acuáticos sea bastante alta.
–¿Por dónde pasaría la solución?
–Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás. El tema podría pasar por su manejo responsable.
–El “manejo responsable” es lo mismo que sostienen las empresas y es lo mismo que se decía del endosulfán o el DDT, hasta que se reconoció su efecto letal. Decir que se trata sólo de mal uso puede ser una forma empresarial de desligar responsabilidades.
–Estoy de acuerdo. El manejo responsable es una parte importante, a corto plazo. A un mediano y largo plazo habría que buscar otras soluciones al uso de tantos agroquímicos. Hay demasiados productos químicos en el ambiente y tendría que tratar de reducirse o reemplazarse por otras alternativas. Volviendo al caso de los anfibios, la mayoría de los productos utilizados en forma masiva, por ejemplo la cipermetrina, glifosato, endosulfán, está claro que no deben ser esparcidos cerca de un cuerpo de agua. Son todas sustancias que son sumamente peligrosas y que se tiene que hacer un uso muy responsable de eso.
–Usted hace eje en el uso responsable y el control. Si se toma sólo la soja, ¿cómo se controlan 19 de millones de hectáreas?
–Es imposible de controlar.
–Dejando de lado una cuestión conservacionista, ¿por qué es importante estudiar y entender lo que sucede con la fauna y los agroquímicos?
–Lo que les suceda a los anfibios de alguna manera les puede suceder a los humanos. Por otro lado los anfibios están considerados excelentes controladores biológicos de artrópodos (principalmente insectos) que en muchos casos pueden ser perjudiciales. También sirven de alimento a otras especies de vertebrados y las pieles de anfibios han sido consideradas como fuentes naturales de numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales.
–Para no caer en la disyuntiva “agroquímico sí” o “agroquímico no”, ¿cómo se debiera abordar integralmente el aspecto ambiental y sanitario de lo que implica el uso masivo de agroquímicos?
–Para empezar habría que tener mucho más manejo de la información, y bajar esa información a la sociedad. Así el ciudadano de a pie estará consciente de la cantidad de químicos que hay en los campos y en los alimentos. Eso podría provocar cierta presión social sobre el uso masivo de agroquímicos. Tendría que haber legislación más dura, y que se cumpla, y que los productos OGM estén catalogados en sus envases, como en Europa.
–La información que usted pide que la sociedad debe tener, ¿es información que no existe, y por eso no se difunde, o es información que está retenida en algún lugar?
(Sonríe) –Supongo que esa información debiera estar en algún lugar. Por ejemplo estadísticas reales de uso de agroquímicos, ya que no está declarado todo lo que se usa. No hay base de datos accesibles sobre el tema, y debieran existir.
–¿Por qué cree que no está disponible?
–No se difunde información sobre agroquímicos para no asustar a la gente. Hay que tener presente que, aun cuando se realice un buen manejo, pueden producir efectos nocivos y no tenemos que olvidar que los agroquímicos, en especial los plaguicidas, son sustancias químicas diseñadas para matar, lamentablemente no muy selectivas, que no distinguen grupos biológicos. En otro orden, pero vinculado con la misma lógica, como sucede con el tema de los combustibles fósiles, si bien existen alternativas a su uso, no se ve que en un plazo mediano esto ocurra, lo mismo pasa con los agroquímicos más peligrosos, ya que existen intereses económicos que sobrepasan todo razonamiento.
–¿Qué intereses?
–Las empresas que producen los agroquímicos, que venden la semilla, y logran un círculo vicioso que lo que más le interesa obviamente es seguir vendiendo. Es un claro interés económico que se impone sobre el cuidado del ambiente, de la fauna, de las generaciones futuras. El modelo actual está basado en esta utilización de agroquímicos para grandes cosechas. Es descabellado pensar que se puede parar de golpe, por más que creo que se debiera hacer. Pero se puede alertar y tratar de que este modelo productivo no nos trague, como nos está tragando.
–Usted habla de la importancia de la información. Es de público conocimiento que muchos agroquímicos se aprueban en Argentina en base a información aportada por las empresas, sin realizar estudios desde el Estado o ámbitos independientes. Por ejemplo en el caso de la soja y el glifosato nunca se hizo público el expediente de aprobación. ¿Qué opina?
(Sonríe largamente) –Hay mucha información que debe ser pública, sin dudas. Así como a los científicos de las universidades nos obligan a publicar nuestros investigaciones y nuestros trabajos pasan por un comité de ética, en el caso de las empresas debiera ser igual. A nosotros nos controlan muy de cerca por los microlitros de agroquímicos que utilizamos en investigación, y está muy bien que así sea, pero otros usan cientos de millones de litros de agroquímicos y nadie los controla.
–Su trabajo se centra en agroquímicos en anfibios, pero al mismo tiempo afirma que ambiente, animales y humanos no se pueden separar, que los impactos son integrales. ¿Cuáles podrían ser esos impactos en humanos?
–Hay que aclarar que a nivel humano los efectos suelen ser distintos por el nivel de exposición, ya que la fauna silvestre convive dentro de ese sistema con químicos. Aclarado eso, muchos productos agroquímicos tienen un modo de acción similar a nivel bioquímico tanto en anfibios como en humanos. Entonces el efecto podría llegar a ser el mismo. En conclusión, los anfibios se exponen antes que los humanos, sirven de alerta para los efectos que pudieran ocurrir con humanos. Por algo los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, son considerados indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
–¿Qué debiera hacerse para determinar cómo afecta a humanos?
–Debiera haber supervisión médica, profesionales de la medicina estudiando el tema. Y se podría llegar a tener avances importantes.
–¿Conoce trabajos sobre el impacto en humanos?
–Muy poco. En Argentina no hay.
–¿Por qué no hay?
–Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. En Argentina se estudia más la fauna silvestre que a los humanos.
–Es extraño que un país con la mitad de su superficie cultivable sembrada con soja no haya estudios sobre el impacto en humanos.
–Prefiero no responder.
–La relación en cuanto a cantidad usada de agroquímicos y cantidad de estudios es muy desproporcionada. ¿Por qué no hay más estudios sobre los impactos en ambiente y salud?
–No sé por qué no hay más estudios, pero sin duda hay una desproporción grande entre cantidad de agroquímicos e investigación sobre sus consecuencias. No son temas prioritarios, de agenda científica, quizá porque están más preocupados en la mayor producción, se piensa más en producir que en conservar recursos naturales. Es claro que siempre la ciencia legitima los modelos productivos, con estudios o con el silencio. En el caso del modelo agropecuario hay mucho silencio.
–La Justicia de Santa Fe emitió un fallo contra el uso de glifosato. Entre otras cuestiones no pide a los afectados que demuestren cómo los afecta, sino que exige a la provincia de Santa Fe que demuestre que no los afecta. Y da intervención a la UNL. ¿Qué debiera hacerse para estudiar seriamente eso?
(Se muestra sorprendido) –No estoy al tanto de esa intervención de la UNL. No me han avisado.
–Usted es una de las personas más calificadas ¿y no lo han consultado aún?
–No.
–Es extraño.</p>
–Puede ser.
–¿Desde la UNL se pueden realizar estudios sobre efectos del glifosato en humanos?
–Cualquier universidad nacional tiene el potencial humano para avanzar con esos estudios, que diluciden el costo social y sanitario del modelo productivo actual. El potencial humano le aseguro que está. Luego están los intereses que pueda tener cada institución. Las universidades tienen un compromiso con la sociedad y debieran ponerse al frente de todo este tipo de estudios.
–En el tema agroquímicos es recurrente el uso de un argumento: “No hay pruebas científicas de que hacen mal. Se puede usar”. ¿Está de acuerdo?
–Para nada. Habría que razonar de manera inversa y creo que hay que aplicar el principio precautorio. Más que probar que produce efecto nocivo, hay que probar que no produce efecto nocivo. Sobre todo con sustancias que están pensadas para matar, como los agroquímicos.
–Antes se decía que algunos químicos no eran perjudiciales. Luego se comprobó que sí. Sucedió con DDT, clordano, dieldrin, endrin, endosulfán. ¿Es descabellado pensar que podría pasar lo mismo con el glifosato?
–No es descabellado para nada. La ciencia lo puede demostrar dentro de unos años. Lo mismo sucede con los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, transgénicos).
–El año pasado hubo una fuerte polémica con el tema del glifosato. ¿Qué opinión le mereció esa puesta en agenda del debate?
–La puesta en debate me pareció muy buena, siempre abordar críticamente un tema tabú es bueno. Que la sociedad tenga acceso a información es bueno. Y me pareció muy valiente la acción de Andrés Carrasco (investigador que dio la alerta sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio).
–La Presidenta creó una comisión investigadora sobre el glifosato, y ese espacio luego elaboró un informe sobre el tema. ¿Qué le pareció?
–Tuve oportunidad de leer el informe. Ante todo, me llamó la atención que nunca fuera presentado públicamente ni esté en el sitio del Conicet, donde se difunden todos los trabajos donde interviene la institución. El informe es una recopilación de información y es cierto que había muchos estudios que fueron financiados por Monsanto, por lo cual no son trabajos independientes. Como todo trabajo que se precie de “científico”, tenía que haber sido sometido a arbitraje, como cualquier documento científico, y no se siguió ese regla básica.
–¿Por qué cree que no fue presentado oficialmente?
–Quizá porque se expone a muchísimas críticas.
–El habitante del campo o zonas periurbanas hace tiempo que alerta que ya no hay tal o cual animal del monte. También suelen denunciar efectos nocivos luego de fumigaciones y casi siempre esos dichos son subestimados. ¿Tienen asidero científico sus denuncias?
–Sin duda. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños, ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos.
FUENTE. Página 12, 10 de mayo de 2010
La ciencia y el modelo de apropiación
Por Andrés E. Carrasco
En diciembre de 2009, en Santa Fe, un fallo de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la demanda de amparo de Viviana Peralta dictada por el juez de primera instancia de San Jorge, Tristán Martínez, invocando el principio precautorio por la “falta de certidumbre científica” de la inocuidad de herbicidas sobre el medio ambiente y salud humana, y estableció un plazo de seis meses para que el Ministerio de la Producción de la provincia y la Universidad Nacional del Litoral demostraran que el uso de herbicidas no constituye peligro de daño grave e irreversible a la salud y al medio ambiente.
Recientemente, la comisión encargada por la gobernación del Chaco para evaluar el efecto tóxico de agroquímicos en la localidad de La Leonesa detectó una triplicación de cáncer en menores de 15 años y una cuadruplicación de malformaciones en toda la provincia del Chaco, que incrementó el índice de 19 casos a 85,3 por cada 10 mil nacimientos. El informe de la comisión oficial, que fue acompañado por la prohibición judicial de uso de agroquímicos en La Leonesa y Las Palmas, contradice el “informe Conicet” de julio de 2009 y las reiteradas declaraciones de funcionarios y cámaras empresariales, incinerando su credibilidad y la necesaria distancia que debe existir entre lo público y lo privado para preservar el interés público.
Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.
En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.
Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.
Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.
A su vez conduce a la destrucción del sujeto crítico, al reemplazo de lo público por lo privado y la subordinación de lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (política) por la ciencia (solución técnica), más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos políticos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.
Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.
* Investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA).
FUENTE: Página 12, Sábado 10 de julio de 2010
Ambos casos son notables porque representan el triunfo de las voces que desde hace años luchan por la intervención del poder público para frenar, en cientos de pueblos, el uso de agrotóxicos en uno de los experimentos de campo más notables del mundo. Voces que avanzan multiplicando sus demandas sobre el modelo de apropiación y debatiendo la salud ambiental y la defensa del derecho de la naturaleza.
En cualquier caso, la decisión de la gobernación del Chaco comienza a romper la complicidad impuesta desde organismos nacionales científicos y de salud hasta ahora escudados detrás de un locuaz silencio. Ese es el silencio del cual partimos y que debemos desarmar, comenzando por admitir la existencia de la emergencia ambiental y, más importante aún, por reconocer su causa: el modelo de apropiación de los bienes naturales y el impacto sobre la capacidad soberana del pueblo argentino para definir los ejes de su progreso.
Pero también sirve para abrir interrogantes sobre el conocimiento y su apropiación en relación con el ideal de “progreso”. Una idea que siempre es construida por los vencedores y a partir de su hegemonía cultural colonial. La evidente y cerrada resistencia en nuestro país a discutir los sentidos del desarrollo tecnológico, que contrasta con el proceso boliviano o ecuatoriano, se ampara en la virtud de ser parte de la globalización, apelando al elogio acrítico de la ciencia, que desdibuja su contenido histórico e ideológico y desconoce su relación con el poder económico que la promueve.
Por eso, la negación a discutir el sentido del desarrollo en nuestros países está indisolublemente asociada a formas y sentidos presentes en las políticas de conocimiento, destinados a sostener un modelo dependiente a medida de la lógica del mercado. Esta situación, que se hace cada vez más difícil, se quiebra ante la hipoteca que les impone a la naturaleza y a la destrucción del hombre, prisionero de la tecnología que él mismo produce. Confundir crecimiento con desarrollo humano lleva a no asumir los desafíos de la humanidad y a continuar apelando a la demanda y consumo, en una huida irracional hacia adelante. De allí que el discurso global se legitime, apelando a la virtud inmanente y a la neutralidad del conocimiento, prometiendo que los daños colaterales que ocasione, cada vez más claros y evidentes, serán resueltos con más tecnología como plantea la llamada modernidad reflexiva o capitalismo cognitivo.
A su vez conduce a la destrucción del sujeto crítico, al reemplazo de lo público por lo privado y la subordinación de lo político a lo técnico. Esta sustitución del conflicto (política) por la ciencia (solución técnica), más allá de su sabor tecnocrático y su pretensión de consensos políticos sometidos a la verificación científica, es siempre un camino a formas autoritarias de convivencia.
Quizás es hora de pensar el para qué, para quién y hacia dónde, de un conocimiento para el buen vivir de una sociedad más feliz y justa para todos, que necesitará sin duda de una ciencia y una tecnología que ocupen un lugar distinto. Construir un nuevo sentido que permita revalorizar el conflicto como parte de lo público sin mistificar el conocimiento como epifanía salvadora sino como instrumento sometido a la política, y recuperar el proyecto emancipatorio reconociendo otras modernidades posibles, para volver a la idea de construir pueblos felices, buscando su grandeza, pero sin sacrificios y sin dolor. Ya que eso es lo humano, lo natural y también lo científico.
* Investigador principal del Conicet; profesor de la Facultad de Medicina (UBA).
EN DEFENSA DE UNA LEY AMBIENTALISTA
Empresarios mineros y profesionales de energía atómica pidieron a la Corte cordobesa la inconstitucionalidad de la Ley 9526, que prohíbe las actividades mineras más riesgosas, incluyendo la extracción de uranio. Asambleas vecinales alertan sobre los peligros latentes.
Por Darío Aranda
La Ley 9526 fue aprobada hace menos de dos años sin votos en contra. Protege las nacientes de agua, limita el uso de sustancias tóxicas en minería (cianuro, ácido sulfúrico y clorhídrico, entre otros), prohíbe los yacimientos metalíferos a cielo abierto y la extracción de minerales nucleares (uranio y torio). “El pueblo cordobés nuevamente en peligro”, advierte el reciente comunicado de la asamblea Ongamira Despierta, uno de los epicentros donde se impulsó la ley. Es que la Cámara de Empresario Mineros de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) solicitaron al Tribunal Superior de Justicia que determine la inconstitucionalidad de la norma. El máximo tribunal aún no se expidió, pero ya aceptó tratar el caso. Córdoba ya cuenta con antecedentes graves de contaminación en yacimientos de uranio –emprendimiento Los Gigantes–, con un pasivo ambiental de cuatro millones de toneladas de mineral desde la década del ’80.
La 9526 tiene sólo seis artículos y es contundente. “Prohíbase en todo el territorio provincial la actividad minera metalífera a cielo abierto y en todas sus etapas (cateo, prospección, exploración, explotación, preparación, extracción)”, detalla el artículo uno. El número dos aborda una cuestión con poca prensa, pero conocida para los cordobeses. “Prohíbase en todo el territorio de Córdoba la actividad minera, en todas sus etapas, de minerales nucleares tales como el uranio y el torio. Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas actualmente concedidas, las que deberán proceder al cierre.”
La ley fue aprobada el 24 de septiembre de 2008. No limita ni afecta otras actividades mineras, como canteras, cuarzo y áridos. La Cámara Minera y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (Apcnean) apelaron el 4 de mayo de 2009. Y El 18 de mayo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) aceptó formalmente tratar el pedido de inconstitucionalidad, aunque no tiene plazos para expedirse. La Cámara Minera también había solicitado, hasta que se expida el STJ, la suspensión de la ley. Pero el máximo tribunal denegó ese pedido.
El secretario general de la Apcnean, Agustín Arbor González, afirmó a Página/12 que “la Ley 9526 es absurda porque no tiene en cuenta que también hay minería responsable, que cuida el ambiente, y no tiene presente que el uranio es un recurso energético para el país”. Consultado sobre las denuncias de contaminación, González derivó la consulta con “quien más sabe de medio ambiente y actividades nucleares”, Hugo Plaza, también miembro del secretariado general de la Apcnean. Plaza explicó que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio. “Soy uno de los encargados de los controles en centros productores. Nunca se detectó contaminación”, aseguró con firmeza. Consultado sobre el caso de Los Gigantes, luego de un silencio, reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.
El presidente de la Cámara de Empresarios Mineros de Córdoba (Cemincor), Hugo Apfelbaum, explicó que en la provincia no hay reservas metalíferas en cantidad como para una explotación como en San Juan o Catamarca, y señaló que el tipo de minería en la provincia es de áridos y rocas. “Presentamos la inconstitucionalidad de la ley por el temor a que quieran prohibir toda la minería”, argumentó Apfelbaum.
En Córdoba (ni en ninguna provincia donde existen asambleas que rechazan las industrias extractivas) no se solicita la prohibición de toda la minería, sino la metalífera a gran escala, los usos masivos de explosivos, grandes remociones de tierras y químicos, además con derroche de enormes cantidades de agua.
El presidente de la Cámara Minera reconoció que la actual ley no afecta a la industria cordobesa, pero insiste que la ley es “inconstitucional y retrógrada”. Aseguró que viola la Constitucional Nacional y el Código de Minería.
“El sector minero funda su reclamo en afirmaciones falaces, llegando al extremo de sostener que la actividad minera de uranio no ha producido ningún tipo de contaminación, ni daño a la salud de persona alguna. Esta contaminación ha sucedido y es de público y notorio conocimiento”, denuncian las asambleas Ongamira Despierta y Traslasierra Despierta. En Córdoba, a 30 kilómetros de la turística Villa Carlos Paz, funcionó hasta 1989 el yacimiento de uranio Los Gigantes, denunciada por contaminar la cuenta del río San Antonio y dejar cuatro millones de toneladas de residuos de uranio. La Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), en base a datos de la CNEA, alertó el otro gran riesgo, el dique principal, de 28.000 metros cuadrados y con 100.000 metros cúbicos de químicos (uranio, radio, manganeso, amonio, sulfatos y nitratos, entre otros).
En Córdoba también acumula denuncias Dioxitek (productora de dióxido de uranio para las centrales de Atucha y Embalse I), que mantiene un depósito de residuos radioactivos en el barrio Alta Córdoba, en la ciudad capital. “En ambos casos, las responsabilidades recaen sobre la Comisión Nacional de Energía Atómica, son focos contaminantes que siguen lamentablemente activos. En el caso de Dioxitek, que pertenece a la CNEA, mantiene 36.000 toneladas de residuos radioactivos”, afirmaron desde Funam.
Las asambleas cordobesas adelantaron que defenderán la vigencia de la ley y se mantendrán movilizadas en defensa del ambiente sano.
FUENTE: Pagina 12, jueves 24 de junio de 2010
El Parlamento del Mercosur debatirá sobre la protección del medio ambiente
Los efectos del cambio climático sobre el medio ambiente, las medidas destinadas a protegerlo y la prevención de la enfermedad del dengue en la región serán los ejes centrales del debate que legisladores de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Venezuela llevarán a cabo a partir de mañana en el marco del Parlamento del Mercosur (Parlasur).
La 24a sesión ordinaria del Parlasur analizará la iniciativa que propone establecer controles a la caza, pesca y tala de bosques, entre otras actividades, en las áreas protegidas de la región denominada "Mata Atlántica Interior" o "Selva Paranaense" en la frontera norte de Argentina, indicaron fuentes del organismo.
Asimismo se tratará el proyecto de protección del "Bioma Pampa", en el cual se propone realizar estudios que involucren a especialistas en el área conjuntamente con las poblaciones locales.
Otros temas que estarán en consideración de los legisladores serán las propuestas de la cumbre de Naciones Unidas relacionadas con el cambio climático y la planificación de estrategias para la prevención del dengue.
Integrado por 90 legisladores de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (país en proceso de integración plena al bloque), el Parlasur se creó en diciembre de 2006 en Brasilia en momentos en que los socios menores del organismo regional denunciaban la persistencia de asimetrías y las dificultades para ingresar sus productos al mercado ampliado.
FUENTE: Página 12 – 06 de junio de 2010
SEMINARIO AMBIENTAL BINACIONAL EN SANTA FE DE LA VERA CRUZ
CIUDADES SUSTENTABLES
Factores para su desarrollo y calidad de vida
Se desarrollo el pasado 14 de mayo de 2010, en la ciudad de Santa Fe, el III Seminario Ambiental denominado “CIUDADES SUSTENTABLES”, en la sede de la Universidad Católica de Santa Fe, organizadora del evento junto con la UTN – Facultad Regional Santa Fe –, la Universidad de Playa Ancha – Valparaíso - del hermano país de Chile, la ACEP –Asociación Civil de Estudios Populares y la Fundación KONRAD ADENAUER STIFUNG.
CIVITAS, estuvo presente en esta importante Jornada y pudo constatar el interés que generó, reflejado en la gran concurrencia, fundamentalmente de jóvenes que siguieron con atención las exposiciones de los disertantes. Lo urbano-ambiental, la relación entre ciudad, ambiente y universidad, la ciudades puertos, el turismo y el medio ambiente, constituyeron los principales ejes temáticos abordados, en el marco de una serie de reflexiones conducentes a gestionar ciudades que en su desarrollo, contemplen parámetros adecuados de calidad de vida y sustentabilidad, que como lo expresara el Rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Pbro. Dr. Gerardo Galleto, tengan como finalidad siempre, la felicidad del hombre.
Redacción CIVITAS, Dr. Adolfo A. Rojas Mors – 18 de mayo de 2010.
–Los anfibios son extremadamente vulnerables a todo tipo de sustancias químicas, especialmente a los utilizados en el agro. Los anfibios necesitan para su supervivencia de pequeños cuerpos de agua, donde los agroquímicos pueden alcanzar niveles letales. En la última década los ambientes naturales se alteraron, las relaciones que había en especies de fauna comenzaron a cambiar, algunas desaparecieron, otras que no estaban en gran cantidad comenzaron a ser especies dominantes, se perdió la relación en el funcionamiento del ecosistema.
–También confirmó casos de malformaciones.
–Así es. En el caso de anfibios es un fenómeno que está siendo reportado en distintas partes del mundo y se ha comprobado su relación con los agro-ecosistemas, fundamentalmente con el uso de algunos químicos. Nuestro grupo de trabajo ha podido observar a lo largo de años un notable incremento en la frecuencia y en los casos de malformaciones, siempre en relación con las áreas cultivadas.
–¿Cómo se debe interpretar el incremento en los casos de malformación justo en áreas donde está presente el cultivo industrial?
–Se interpreta como un indicador importante del grado de afectación de las actividades antrópicas (humanas) sobre las poblaciones de anfibios. Los resultados expuestos marcan una clara tendencia que relaciona sitios con intenso uso de agroquímicos y hábitat alterados con la mayor proporción en los tipos y casos de malformaciones.
–¿Cuál es el impacto de los agroquímicos en el medioambiente y en especial en los animales?
–Es muy difícil determinar exactamente cuál es el verdadero impacto, tampoco conviene separar ambiente por un lado, animales por otro y el hombre aparte. Los impactos suelen ser integrales y en muchos casos las derivaciones de éstos suelen verse después de varias generaciones, acuérdese de lo que paso con el DDT (insecticida utilizado desde la década del 30).
–¿Qué pasó con el DDT?
–El DDT en algún momento fue una solución para problemas con los mosquitos y la malaria. Se empezó a usar de forma masiva y luego se comenzó a ver que ocasionaba problemas reproductivos, había residuos hasta en casquetes polares, llegaba a estar en la leche de los seres humanos. Causó múltiples inconvenientes. Lo que primeramente era una solución para la humanidad luego se tornó un problema que llevó a que se prohíba. Sin embargo sus residuos siguen estando presentes en los ecosistemas de todo el mundo.
–¿Puede suceder lo mismo con las actuales agroquímicas?
–Muchas veces los químicos que estamos usando parecen ambientalmente amigables, según las pruebas o las certificaciones que tenemos en este momento, pero hay muchos ejemplos como para pensar que hay muchas cosas que están sucediendo en este momento a nivel molecular, poblacional, y podremos ver sus consecuencias dentro de cuatro o cinco generaciones.
–¿Cómo es el efecto de los agroquímicos en el agua?
–En el agua se potencian los efectos. Gran parte de los agroquímicos fueron diseñados para el medio terrestre y cuando entran en contacto con el agua potencian su toxicidad miles o cientos de miles de veces.
–¿Su experiencia afirma que se puede controlar que los agroquímicos no lleguen al agua?
–Es muy difícil que no lleguen al agua, quizás imposible. La masividad que hay de su uso hace que la posibilidad de que llegue a ambientes acuáticos sea bastante alta.
–¿Por dónde pasaría la solución?
–Los ejemplos que demuestran que los agroquímicos se utilizan en forma indebida son abrumadores, con mortalidad de fauna, casos de intoxicaciones humanas y demás. El tema podría pasar por su manejo responsable.
–El “manejo responsable” es lo mismo que sostienen las empresas y es lo mismo que se decía del endosulfán o el DDT, hasta que se reconoció su efecto letal. Decir que se trata sólo de mal uso puede ser una forma empresarial de desligar responsabilidades.
–Estoy de acuerdo. El manejo responsable es una parte importante, a corto plazo. A un mediano y largo plazo habría que buscar otras soluciones al uso de tantos agroquímicos. Hay demasiados productos químicos en el ambiente y tendría que tratar de reducirse o reemplazarse por otras alternativas. Volviendo al caso de los anfibios, la mayoría de los productos utilizados en forma masiva, por ejemplo la cipermetrina, glifosato, endosulfán, está claro que no deben ser esparcidos cerca de un cuerpo de agua. Son todas sustancias que son sumamente peligrosas y que se tiene que hacer un uso muy responsable de eso.
–Usted hace eje en el uso responsable y el control. Si se toma sólo la soja, ¿cómo se controlan 19 de millones de hectáreas?
–Es imposible de controlar.
–Dejando de lado una cuestión conservacionista, ¿por qué es importante estudiar y entender lo que sucede con la fauna y los agroquímicos?
–Lo que les suceda a los anfibios de alguna manera les puede suceder a los humanos. Por otro lado los anfibios están considerados excelentes controladores biológicos de artrópodos (principalmente insectos) que en muchos casos pueden ser perjudiciales. También sirven de alimento a otras especies de vertebrados y las pieles de anfibios han sido consideradas como fuentes naturales de numerosos compuestos bioactivos con propiedades medicinales.
–Para no caer en la disyuntiva “agroquímico sí” o “agroquímico no”, ¿cómo se debiera abordar integralmente el aspecto ambiental y sanitario de lo que implica el uso masivo de agroquímicos?
–Para empezar habría que tener mucho más manejo de la información, y bajar esa información a la sociedad. Así el ciudadano de a pie estará consciente de la cantidad de químicos que hay en los campos y en los alimentos. Eso podría provocar cierta presión social sobre el uso masivo de agroquímicos. Tendría que haber legislación más dura, y que se cumpla, y que los productos OGM estén catalogados en sus envases, como en Europa.
–La información que usted pide que la sociedad debe tener, ¿es información que no existe, y por eso no se difunde, o es información que está retenida en algún lugar?
(Sonríe) –Supongo que esa información debiera estar en algún lugar. Por ejemplo estadísticas reales de uso de agroquímicos, ya que no está declarado todo lo que se usa. No hay base de datos accesibles sobre el tema, y debieran existir.
–¿Por qué cree que no está disponible?
–No se difunde información sobre agroquímicos para no asustar a la gente. Hay que tener presente que, aun cuando se realice un buen manejo, pueden producir efectos nocivos y no tenemos que olvidar que los agroquímicos, en especial los plaguicidas, son sustancias químicas diseñadas para matar, lamentablemente no muy selectivas, que no distinguen grupos biológicos. En otro orden, pero vinculado con la misma lógica, como sucede con el tema de los combustibles fósiles, si bien existen alternativas a su uso, no se ve que en un plazo mediano esto ocurra, lo mismo pasa con los agroquímicos más peligrosos, ya que existen intereses económicos que sobrepasan todo razonamiento.
–¿Qué intereses?
–Las empresas que producen los agroquímicos, que venden la semilla, y logran un círculo vicioso que lo que más le interesa obviamente es seguir vendiendo. Es un claro interés económico que se impone sobre el cuidado del ambiente, de la fauna, de las generaciones futuras. El modelo actual está basado en esta utilización de agroquímicos para grandes cosechas. Es descabellado pensar que se puede parar de golpe, por más que creo que se debiera hacer. Pero se puede alertar y tratar de que este modelo productivo no nos trague, como nos está tragando.
–Usted habla de la importancia de la información. Es de público conocimiento que muchos agroquímicos se aprueban en Argentina en base a información aportada por las empresas, sin realizar estudios desde el Estado o ámbitos independientes. Por ejemplo en el caso de la soja y el glifosato nunca se hizo público el expediente de aprobación. ¿Qué opina?
(Sonríe largamente) –Hay mucha información que debe ser pública, sin dudas. Así como a los científicos de las universidades nos obligan a publicar nuestros investigaciones y nuestros trabajos pasan por un comité de ética, en el caso de las empresas debiera ser igual. A nosotros nos controlan muy de cerca por los microlitros de agroquímicos que utilizamos en investigación, y está muy bien que así sea, pero otros usan cientos de millones de litros de agroquímicos y nadie los controla.
–Su trabajo se centra en agroquímicos en anfibios, pero al mismo tiempo afirma que ambiente, animales y humanos no se pueden separar, que los impactos son integrales. ¿Cuáles podrían ser esos impactos en humanos?
–Hay que aclarar que a nivel humano los efectos suelen ser distintos por el nivel de exposición, ya que la fauna silvestre convive dentro de ese sistema con químicos. Aclarado eso, muchos productos agroquímicos tienen un modo de acción similar a nivel bioquímico tanto en anfibios como en humanos. Entonces el efecto podría llegar a ser el mismo. En conclusión, los anfibios se exponen antes que los humanos, sirven de alerta para los efectos que pudieran ocurrir con humanos. Por algo los anfibios son reconocidos mundialmente como “los canarios de la mina”, son considerados indicadores ambientales altamente sensibles para prevenir efectos en poblaciones humanas.
–¿Qué debiera hacerse para determinar cómo afecta a humanos?
–Debiera haber supervisión médica, profesionales de la medicina estudiando el tema. Y se podría llegar a tener avances importantes.
–¿Conoce trabajos sobre el impacto en humanos?
–Muy poco. En Argentina no hay.
–¿Por qué no hay?
–Requiere mucho tiempo, trabajo, esfuerzo y recursos. En Argentina se estudia más la fauna silvestre que a los humanos.
–Es extraño que un país con la mitad de su superficie cultivable sembrada con soja no haya estudios sobre el impacto en humanos.
–Prefiero no responder.
–La relación en cuanto a cantidad usada de agroquímicos y cantidad de estudios es muy desproporcionada. ¿Por qué no hay más estudios sobre los impactos en ambiente y salud?
–No sé por qué no hay más estudios, pero sin duda hay una desproporción grande entre cantidad de agroquímicos e investigación sobre sus consecuencias. No son temas prioritarios, de agenda científica, quizá porque están más preocupados en la mayor producción, se piensa más en producir que en conservar recursos naturales. Es claro que siempre la ciencia legitima los modelos productivos, con estudios o con el silencio. En el caso del modelo agropecuario hay mucho silencio.
–La Justicia de Santa Fe emitió un fallo contra el uso de glifosato. Entre otras cuestiones no pide a los afectados que demuestren cómo los afecta, sino que exige a la provincia de Santa Fe que demuestre que no los afecta. Y da intervención a la UNL. ¿Qué debiera hacerse para estudiar seriamente eso?
(Se muestra sorprendido) –No estoy al tanto de esa intervención de la UNL. No me han avisado.
–Usted es una de las personas más calificadas ¿y no lo han consultado aún?
–No.
–Es extraño.</p>
–Puede ser.
–¿Desde la UNL se pueden realizar estudios sobre efectos del glifosato en humanos?
–Cualquier universidad nacional tiene el potencial humano para avanzar con esos estudios, que diluciden el costo social y sanitario del modelo productivo actual. El potencial humano le aseguro que está. Luego están los intereses que pueda tener cada institución. Las universidades tienen un compromiso con la sociedad y debieran ponerse al frente de todo este tipo de estudios.
–En el tema agroquímicos es recurrente el uso de un argumento: “No hay pruebas científicas de que hacen mal. Se puede usar”. ¿Está de acuerdo?
–Para nada. Habría que razonar de manera inversa y creo que hay que aplicar el principio precautorio. Más que probar que produce efecto nocivo, hay que probar que no produce efecto nocivo. Sobre todo con sustancias que están pensadas para matar, como los agroquímicos.
–Antes se decía que algunos químicos no eran perjudiciales. Luego se comprobó que sí. Sucedió con DDT, clordano, dieldrin, endrin, endosulfán. ¿Es descabellado pensar que podría pasar lo mismo con el glifosato?
–No es descabellado para nada. La ciencia lo puede demostrar dentro de unos años. Lo mismo sucede con los Organismos Modificados Genéticamente (OGM, transgénicos).
–El año pasado hubo una fuerte polémica con el tema del glifosato. ¿Qué opinión le mereció esa puesta en agenda del debate?
–La puesta en debate me pareció muy buena, siempre abordar críticamente un tema tabú es bueno. Que la sociedad tenga acceso a información es bueno. Y me pareció muy valiente la acción de Andrés Carrasco (investigador que dio la alerta sobre los efectos del glifosato y luego enfrentó una campaña de desprestigio).
–La Presidenta creó una comisión investigadora sobre el glifosato, y ese espacio luego elaboró un informe sobre el tema. ¿Qué le pareció?
–Tuve oportunidad de leer el informe. Ante todo, me llamó la atención que nunca fuera presentado públicamente ni esté en el sitio del Conicet, donde se difunden todos los trabajos donde interviene la institución. El informe es una recopilación de información y es cierto que había muchos estudios que fueron financiados por Monsanto, por lo cual no son trabajos independientes. Como todo trabajo que se precie de “científico”, tenía que haber sido sometido a arbitraje, como cualquier documento científico, y no se siguió ese regla básica.
–¿Por qué cree que no fue presentado oficialmente?
–Quizá porque se expone a muchísimas críticas.
–El habitante del campo o zonas periurbanas hace tiempo que alerta que ya no hay tal o cual animal del monte. También suelen denunciar efectos nocivos luego de fumigaciones y casi siempre esos dichos son subestimados. ¿Tienen asidero científico sus denuncias?
–Sin duda. Muchas veces lo observacional de la gente local es clave. Y es un grave error subestimar las alertas que dan los lugareños, ellos son rehenes de un modelo productivo poco sustentable y debieran ser el primer llamado de atención para productores, políticos y científicos.
CUMBRE ECOLOGICA EN COCHABAMBA
SALVAR AL MUNDO
Por Sebastián Ochoa
Las 17 mesas de la conferencia comenzaron a debatir sus resoluciones, luego de tres días de debate en esta población. En ellas participan 36 mil personas de 136 países, que dialogan para encontrar consensos sobre la mejor forma de salvar al mundo, puesto en peligro –de acuerdo con los asistentes– por los métodos de producción impuestos con el sistema capitalista. Esta tarde, el presidente Evo Morales junto a otros mandatarios cerrarán el encuentro en el estadio de la ciudad de Cochabamba con la presentación de la declaración final. Se espera que en esa ocasión Morales no vuelva a soltar conceptos oscurantistas contra los homosexuales, como pasó en la inauguración.
El presidente se reunió con la prensa en el Hotel Regina, donde se desarrollan algunas de las mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc). Morales dijo que las resoluciones deberán ser consideradas en la Conferencia de las Naciones Unidas, que se realizará a fin de año en México. Será la COP 16, donde se pretenderá alcanzar los acuerdos ausentes en la COP 15, hecha en diciembre pasado en Dinamarca.
La Cmpcc “fue una necesidad ante la posición de los países industrializados en la COP 15 en Copenhague, cuando pretendieron aprobar decisiones que no contribuían en nada a velar por la sobrevivencia del planeta”. Morales se refería al Entendimiento de Copenhague, redactado por cinco países que reunió el presidente Barack Obama, de Estados Unidos. En ese documento, ningún país rico se compromete a reducir sus emisiones contaminantes, que tanto dinero les proveyeron y causan perjuicios al medioambiente como a sus abonados. El entendimiento tampoco define con cuánto deben aportar estos países para que las naciones empobrecidas enfrenten al cambio climático. Es un retroceso en comparación al Protocolo de Kioto, según los participantes.
“En Copenhague, los industrializados querían imponer un documento no para salvar la vida, sino que aliente su política contaminadora del medio ambiente”, dijo el presidente.
Aunque el entendimiento fue firmado por cinco países, hasta hoy 110 naciones se adhirieron. Según el gobierno boliviano, esto fue posible porque los países ricos presionan económicamente a los empobrecidos. “El imperio chantajea a veces a algunos gobiernos para que apoyen sus medidas. Se hace vital escuchar a los pueblos para atender sus demandas, antes que a intereses extraños”, sostuvo Morales.
La Cmpcc trabaja para proponer cuáles son los derechos del mundo. “Es más importante respetar los derechos de la Madre Tierra que los derechos humanos, porque si la acción depredadora de la irracional industrialización provoca la desaparición del planeta, no habrá seres humanos”, razonó el líder aymara.
El presidente evaluó que una de las principales propuestas de las mesas será la de realizar un referéndum global, así la población decidirá si desea vivir según el sistema capitalista. Otra, que los países más contaminantes reduzcan sus emisiones de gases en un 50 por ciento hasta 2020. Una más será la conformación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a estados y empresas que cometan delitos contra el medioambiente.
Bajo la órbita de qué organismo multilateral debiera quedar este tribunal aún se desconoce. Ante la contingencia de que ninguno lo cobije, Morales propuso la creación de la Unión de Naciones Originarias (UNO) para complementar o reemplazar a la ONU. “De este evento internacional tiene que nacer una nueva organización de los movimientos sociales. Qué mejor, con la participación de expertos o personalidades sobre los derechos de la Madre Tierra”, opinó Morales.
FUENTE: Página 12, Jueves 22 de abril de 2010
Un nuevo satélite examinará el océano, el clima y el medio ambiente
Ojos argentinos sobre el mar
Es el SAC-D Aquarius, uno de los más desarrollados del mundo y hecho completamente en el país. Ayer fue presentado en Bariloche. Este es el cuarto satélite argentino de la serie SAC desarrollado por la Conae.
Por Ignacio Jawtuschenko
Si bien de lejos se ven como luces chiquitas, los satélites son de las cosas que hacen grande a un país. Y un nuevo satélite argentino será lanzado a fin de este año. Se trata del SAC-D Aquarius, uno de los más desarrollados del mundo, hecho completamente en el país y que ayer fue presentado en la ciudad de Bariloche durante un seminario encabezado por el canciller Jorge Taiana y el director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Conrado Franco Varotto.
A Bariloche llegaron los embajadores de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia y Francia y funcionarios nacionales como el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
“Esta misión satelital está en la frontera del conocimiento”, dijo Varotto. Es que el satélite argentino carga con una fuerte responsabilidad: la agencia espacial norteamericana NASA puso a bordo un instrumento de punta denominado Aquarius, que por primera vez medirá la salinidad del mar desde el espacio. Tal como lo sugiere su nombre, su misión será la de un observatorio con los ojos puestos en el océano, el clima y el medio ambiente y orbitará a más de 600 kilómetros de altura.
Una vez finalizada la fase de pruebas en Brasil, está previsto que sea enviado al espacio por la NASA con el vehículo Delta II, desde la base Vanderberg en California, Estados Unidos.
Este es el cuarto satélite argentino de la serie SAC (Satélite de Aplicaciones Científicas) desarrollado por la Conae. Integra el plan del área espacial argentino con un horizonte de once años, que apunta a orientar la tecnología espacial para resolver problemas socioeconómicos y productivos del país.
El canciller Jorge Taiana remarcó: “Este satélite es una herramienta para nuestro desarrollo productivo y tecnológico. Lo que llevamos adelante en nuestro plan espacial se sostiene sobre cuatro exigencias: que sea al máximo nivel tecnológico, que la cooperación científica sea un vehículo para la integración regional, que tenga el máximo impacto social posible y que ocupe lo máximo posible a la industria nacional”.
Con su 1,4 tonelada de peso, 2,7 metros de diámetro y una antena con forma de sartén colgada de un mecanismo de despliegue que alcanza 7 metros de largo, dará 14 vueltas alrededor de la Tierra por día, a lo largo de una vida útil de cinco años, que bien pueden ser más.
La anatomía del SAC-D Aquarius la completan ocho instrumentos de alta complejidad suministrados por organismos científicos de varios países. Es que el área de la tecnología espacial para usos pacíficos es un campo fértil para la cooperación internacional. En esta misión trabaja la Conae en cooperación con la NASA de los Estados Unidos, la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) de Italia, el Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) de Francia, la Canadian Space Agency (CSA) de Canadá y el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Surcan el cielo diversos tipos de satélites, los naturales como la Luna y los artificiales, entre los cuales hay de telecomunicaciones (que transmiten partidos de fútbol de un continente a otro), militares (surgidos durante la Guerra Fría), astronómicos (para estudiar las galaxias) o meteorológicos, como el SAC-D, que vuela con la misión de aportar información sobre el océano, el clima y medio ambiente, con la enorme ventaja que significa moverse a gran altura. Con su mirada llegará a escrutar regiones del país inaccesibles por tierra. Para esto combina un manojo de tecnologías como cámaras ópticas y térmicas y radiómetros de microondas, que se complementan unos con otros.
Derramará toboganes de información de interés para los argentinos y el mundo entero. A escala planetaria, el agua de los océanos tiene una fuerte influencia sobre la temperatura y el clima. El SAC-D Aquarius los surcará por primera vez, reuniendo datos acerca de la salinidad de los mares que bordean los cinco continentes y los cinco océanos del globo. Según los especialistas, conocer la densidad de la sal del mar es clave para entender las interacciones entre el ciclo del agua, la circulación oceánica, el clima y elaborar modelos a largo plazo.
Orbitando a 657 kilómetros de altura, será también una campana de alerta temprana frente a inundaciones y la aparición de enfermedades como el dengue o el chagas. Y aunque esté tan lejos y rodeado de silencio y oscuridad será un aliado de la actividad agropecuaria, ya que proveerá datos sobre pronóstico de cosechas, humedad del suelo o focos de incendio.
En la reunión de ayer, Varotto sostuvo que “esta misión constituye la mayor cooperación científica en la historia de la Argentina y los Estados Unidos”. El socio principal de la Conae en este proyecto es la NASA, que aporta los servicios de lanzamiento del satélite y el ya mencionado instrumento Aquarius. Lanzarlo, colocarlo en órbita, es casi tan costoso como construirlo. Y ese gasto corre por cuenta de la NASA, que en conjunto aporta cerca de 200 millones de dólares
FUENTE: Página 12, Sábado, 20 de marzo de 2010
Por primera vez, la humanidad se topa con el límite de los recursos naturales
Kempf acaba de publicar su segundo libro, Para salvar el p
Por Sebastián Ochoa
Las 17 mesas de la conferencia comenzaron a debatir sus resoluciones, luego de tres días de debate en esta población. En ellas participan 36 mil personas de 136 países, que dialogan para encontrar consensos sobre la mejor forma de salvar al mundo, puesto en peligro –de acuerdo con los asistentes– por los métodos de producción impuestos con el sistema capitalista. Esta tarde, el presidente Evo Morales junto a otros mandatarios cerrarán el encuentro en el estadio de la ciudad de Cochabamba con la presentación de la declaración final. Se espera que en esa ocasión Morales no vuelva a soltar conceptos oscurantistas contra los homosexuales, como pasó en la inauguración.
El presidente se reunió con la prensa en el Hotel Regina, donde se desarrollan algunas de las mesas de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra (Cmpcc). Morales dijo que las resoluciones deberán ser consideradas en la Conferencia de las Naciones Unidas, que se realizará a fin de año en México. Será la COP 16, donde se pretenderá alcanzar los acuerdos ausentes en la COP 15, hecha en diciembre pasado en Dinamarca.
La Cmpcc “fue una necesidad ante la posición de los países industrializados en la COP 15 en Copenhague, cuando pretendieron aprobar decisiones que no contribuían en nada a velar por la sobrevivencia del planeta”. Morales se refería al Entendimiento de Copenhague, redactado por cinco países que reunió el presidente Barack Obama, de Estados Unidos. En ese documento, ningún país rico se compromete a reducir sus emisiones contaminantes, que tanto dinero les proveyeron y causan perjuicios al medioambiente como a sus abonados. El entendimiento tampoco define con cuánto deben aportar estos países para que las naciones empobrecidas enfrenten al cambio climático. Es un retroceso en comparación al Protocolo de Kioto, según los participantes.
“En Copenhague, los industrializados querían imponer un documento no para salvar la vida, sino que aliente su política contaminadora del medio ambiente”, dijo el presidente.
Aunque el entendimiento fue firmado por cinco países, hasta hoy 110 naciones se adhirieron. Según el gobierno boliviano, esto fue posible porque los países ricos presionan económicamente a los empobrecidos. “El imperio chantajea a veces a algunos gobiernos para que apoyen sus medidas. Se hace vital escuchar a los pueblos para atender sus demandas, antes que a intereses extraños”, sostuvo Morales.
La Cmpcc trabaja para proponer cuáles son los derechos del mundo. “Es más importante respetar los derechos de la Madre Tierra que los derechos humanos, porque si la acción depredadora de la irracional industrialización provoca la desaparición del planeta, no habrá seres humanos”, razonó el líder aymara.
El presidente evaluó que una de las principales propuestas de las mesas será la de realizar un referéndum global, así la población decidirá si desea vivir según el sistema capitalista. Otra, que los países más contaminantes reduzcan sus emisiones de gases en un 50 por ciento hasta 2020. Una más será la conformación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, encargado de juzgar a estados y empresas que cometan delitos contra el medioambiente.
Bajo la órbita de qué organismo multilateral debiera quedar este tribunal aún se desconoce. Ante la contingencia de que ninguno lo cobije, Morales propuso la creación de la Unión de Naciones Originarias (UNO) para complementar o reemplazar a la ONU. “De este evento internacional tiene que nacer una nueva organización de los movimientos sociales. Qué mejor, con la participación de expertos o personalidades sobre los derechos de la Madre Tierra”, opinó Morales.
FUENTE: Página 12, Jueves 22 de abril de 2010
Un nuevo satélite examinará el océano, el clima y el medio ambiente
Ojos argentinos sobre el mar
Es el SAC-D Aquarius, uno de los más desarrollados del mundo y hecho completamente en el país. Ayer fue presentado en Bariloche. Este es el cuarto satélite argentino de la serie SAC desarrollado por la Conae.
Por Ignacio Jawtuschenko
Si bien de lejos se ven como luces chiquitas, los satélites son de las cosas que hacen grande a un país. Y un nuevo satélite argentino será lanzado a fin de este año. Se trata del SAC-D Aquarius, uno de los más desarrollados del mundo, hecho completamente en el país y que ayer fue presentado en la ciudad de Bariloche durante un seminario encabezado por el canciller Jorge Taiana y el director de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), Conrado Franco Varotto.
A Bariloche llegaron los embajadores de Brasil, Canadá, Estados Unidos, Italia y Francia y funcionarios nacionales como el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, y el secretario de Ambiente, Homero Bibiloni.
“Esta misión satelital está en la frontera del conocimiento”, dijo Varotto. Es que el satélite argentino carga con una fuerte responsabilidad: la agencia espacial norteamericana NASA puso a bordo un instrumento de punta denominado Aquarius, que por primera vez medirá la salinidad del mar desde el espacio. Tal como lo sugiere su nombre, su misión será la de un observatorio con los ojos puestos en el océano, el clima y el medio ambiente y orbitará a más de 600 kilómetros de altura.
Una vez finalizada la fase de pruebas en Brasil, está previsto que sea enviado al espacio por la NASA con el vehículo Delta II, desde la base Vanderberg en California, Estados Unidos.
Este es el cuarto satélite argentino de la serie SAC (Satélite de Aplicaciones Científicas) desarrollado por la Conae. Integra el plan del área espacial argentino con un horizonte de once años, que apunta a orientar la tecnología espacial para resolver problemas socioeconómicos y productivos del país.
El canciller Jorge Taiana remarcó: “Este satélite es una herramienta para nuestro desarrollo productivo y tecnológico. Lo que llevamos adelante en nuestro plan espacial se sostiene sobre cuatro exigencias: que sea al máximo nivel tecnológico, que la cooperación científica sea un vehículo para la integración regional, que tenga el máximo impacto social posible y que ocupe lo máximo posible a la industria nacional”.
Con su 1,4 tonelada de peso, 2,7 metros de diámetro y una antena con forma de sartén colgada de un mecanismo de despliegue que alcanza 7 metros de largo, dará 14 vueltas alrededor de la Tierra por día, a lo largo de una vida útil de cinco años, que bien pueden ser más.
La anatomía del SAC-D Aquarius la completan ocho instrumentos de alta complejidad suministrados por organismos científicos de varios países. Es que el área de la tecnología espacial para usos pacíficos es un campo fértil para la cooperación internacional. En esta misión trabaja la Conae en cooperación con la NASA de los Estados Unidos, la Agenzia Spaziale Italiana (ASI) de Italia, el Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) de Francia, la Canadian Space Agency (CSA) de Canadá y el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) de Brasil.
Surcan el cielo diversos tipos de satélites, los naturales como la Luna y los artificiales, entre los cuales hay de telecomunicaciones (que transmiten partidos de fútbol de un continente a otro), militares (surgidos durante la Guerra Fría), astronómicos (para estudiar las galaxias) o meteorológicos, como el SAC-D, que vuela con la misión de aportar información sobre el océano, el clima y medio ambiente, con la enorme ventaja que significa moverse a gran altura. Con su mirada llegará a escrutar regiones del país inaccesibles por tierra. Para esto combina un manojo de tecnologías como cámaras ópticas y térmicas y radiómetros de microondas, que se complementan unos con otros.
Derramará toboganes de información de interés para los argentinos y el mundo entero. A escala planetaria, el agua de los océanos tiene una fuerte influencia sobre la temperatura y el clima. El SAC-D Aquarius los surcará por primera vez, reuniendo datos acerca de la salinidad de los mares que bordean los cinco continentes y los cinco océanos del globo. Según los especialistas, conocer la densidad de la sal del mar es clave para entender las interacciones entre el ciclo del agua, la circulación oceánica, el clima y elaborar modelos a largo plazo.
Orbitando a 657 kilómetros de altura, será también una campana de alerta temprana frente a inundaciones y la aparición de enfermedades como el dengue o el chagas. Y aunque esté tan lejos y rodeado de silencio y oscuridad será un aliado de la actividad agropecuaria, ya que proveerá datos sobre pronóstico de cosechas, humedad del suelo o focos de incendio.
En la reunión de ayer, Varotto sostuvo que “esta misión constituye la mayor cooperación científica en la historia de la Argentina y los Estados Unidos”. El socio principal de la Conae en este proyecto es la NASA, que aporta los servicios de lanzamiento del satélite y el ya mencionado instrumento Aquarius. Lanzarlo, colocarlo en órbita, es casi tan costoso como construirlo. Y ese gasto corre por cuenta de la NASA, que en conjunto aporta cerca de 200 millones de dólares
FUENTE: Página 12, Sábado, 20 de marzo de 2010
Por primera vez, la humanidad se topa con el límite de los recursos naturales
Kempf acaba de publicar su segundo libro, Para salvar el p