El mundo está siendo cada vez más caluroso, con el 2011 como uno de los años más cálidos registrados

 

El mundo está siendo cada vez más caluroso, con el 2011 como uno de los años más cálidos registrados, y los humanos son responsables, de acuerdo a un informe de la Organización Meteorológica Mundial divulgado el martes.

 

La agencia advirtió que las crecientes temperaturas promedio previsiblemente aumentarán las inundaciones, las sequías y otros patrones de clima extremo.

 

"Nuestra ciencia es sólida y prueba inequívocamente que el mundo se está calentando y que este calentamiento se debe a las actividades humanas", dijo el vicesecretario general de la OMM, Jerry Lengoasa, en Durban, donde cerca de 200 naciones se reunieron para las conversaciones climáticas de la ONU.

 

La OMM, que forma parte de Naciones Unidas, indicó que los 13 años con temperaturas mundiales promedio más elevadas ocurrieron en los 15 años que transcurrieron desde 1997.

 

Eso ha contribuido a condiciones climáticas extremas que aumentan la intensidad de las sequías y las fuertes precipitaciones en todo el mundo, agregó.

 

"Las temperaturas mundiales en el 2011 son actualmente las décimas más altas registradas y son mayores que en cualquier año previo con un evento La Niña, que tiene una influencia de relativo enfriamiento", aseguró.

 

Este año, el clima mundial estuvo muy influenciado por La Niña, un fenómeno natural habitualmente ligado a los climas extremos en Asia-Pacífico, Sudamérica y África, que se desarrolló en el Pacífico tropical en la segunda mitad del 2010 y continuó hasta mayo del 2011.

 

El informe del OMM fue publicado para coincidir con las conversaciones climáticas de la ONU, que se llevan a cabo hasta el 9 de diciembre en Durban y buscan un consenso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que calientan el planeta.

 

La perspectiva de un acuerdo significativo parece sombría, ya que los mayores emisores -Estados Unidos y China- no están dispuestos a asumir recortes obligatorios hasta que el otro lo haga primero.

 

Otros grandes emisores como Japón, Canadá y Rusia tampoco aceptan extender los compromisos que vencen el año próximo, mientras que la Unión Europea aspira a que el 2015 sea el plazo máximo para llegar a un nuevo acuerdo global.

 

El informe de la OMM indicó que la extensión de hielo del mar Ártico en el 2011 fue la segunda menor en la historia y que su volumen fue el más bajo.

 

Agregó que el incremento de los gases de efecto invernadero colocan al mundo al borde de cambios irreversibles en los ecosistemas.

 

"Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera han llegado a nuevos máximos", dijo el secretario general de la OMM, Michel Jarraud, en un comunicado aparte.

 

"Están llegando muy rápidamente a niveles consistentes con un alza de 2-2,4 grados centígrados en las temperaturas mundiales promedio, que los científicos creen que podrían desatar cambios grandes e irreversibles en la Tierra, la biósfera y los océanos", enfatizó.

 

Fuente: Ecofield – 30/11/11

Los diez puntos «calientes» de la Cumbre del Clima de Durban

La ciudad sudafricana acoge la XVII Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático hasta el 9 de diciembre

1. SUDÁFRICA. La anfitriona de la XVII Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que ha arrancado en Durban, es responsable de casi la mitad de las emisiones del continente africano, y ocupa el duodécimo lugar en el ránking de países contaminantes debido a su dependencia del carbón. Su Plan de Recursos Eléctricos para el período 2010-2030 prevé el siguiente escenario: 65 de cada 100 gigavatios generados en Sudáfrica en 2030 procederán de las centrales térmicas de carbón.

2. HUELLA ECOLÓGICA. La factura ecológica de la COP17, que reunirá a 20.000 delegados, según el Gobierno de Sudáfrica, y 50.000 activistas, según las organizaciones civiles, se ha calculado en 15.000 toneladas de CO2, de acuerdo con los consumos previstos de electricidad, agua y gas y los desplazamientos hasta el centro de conferencias.

3. PROTOCOLO DE KIOTO. La renovación del primer periodo del protocolo de Kioto, que expira en 2012, será uno de los principales temas de la agenda de la COP17. EE.UU. no lo ha ratificado aún. Y el texto no recoge compromisos de reducción de emisiones para algunos países, como los emergentes China, Brasil e India.

4. RETRASOS ACUERDOS COP16. La canciller mexicana, Patricia Espinosa, se quejó en marzo del incumplimento de los compromisos adoptados en la XVI Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, celebrado en Cancún en diciembre de 2010. Aludía, sobre todo, a la inexistencia de bases concretas para la creación del Fondo Verde destinado a financiar a los países en desarrollo con 100.000 millones de dólares anuales en 2020.

5. TEMPERATURA DEL PLANETA. Los científicos aconsejan que la temperatura de la Tierra no debería aumentar más de 2ºC sobre los niveles preindustriales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha presentado su último informe sobre cambio climático en el que alerta de que la tendencia actual hará que la temperatura aumente entre tres y seis grados centígrados al final del siglo con respecto a los valores de 1990.

6. INSEGURIDAD ALIMENTARIA. En la edición de noviembre de su informe de vigilancia, el Banco Mundial ha indicado que el índice global de los precios de los alimentos se ha mantenido un 19% por encima de su nivel de septiembre de 2010, con una variación importante según los países y productos. La ONG Oxfam, por su parte, se muestra preocupada por el alarmante aumento de los precios del trigo, el maíz y el sorgo debido a los fenómenos meteorológicos extremos, que en los últimos 18 meses ha hundido a decenas de millones de personas en la pobreza, y que han afectado, sobre todo, a los cultivos de Rusia, Ucrania, Etiopía y Kenia.

7. ISLAS. Las islas sufren con mayor virulencia los efectos del cambio climático debido al ascenso del nivel de mar y los cambios en la disponibilidad de agua (como consecuencia de un previsible descenso en el nivel de precipitaciones). El grupo de 42 miembros de la Alianza de Pequeños Estados Isla (AOSIS, por sus siglas en inglés) ya ha alertado de su vulnerabilidad creciente ante los desastres naturales y ha tachado de «temerarios e irresponsables» a países como Japón y Rusia, al promover una demora en la adopción de un nuevo acuerdo internacional sobre cambio climático hasta 2018 o 2020.

8. COMPROMISO UE. La Unión Europea se ha marcado una reducción de las emisiones del 20% con respecto a los niveles de 1990 en 2020, un objetivo que está a 3 puntos porcentuales de alcanzar. La UE concentra el 11% de las emisiones globales. Por lo que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), si solo firmaran el protocolo de Kioto los países de la UE no se reduciría ni una tonelada las emisiones globales de CO2.

9. EXCÉPTICOS. Al igual que ocurrió en 2009 poco antes de la XV Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se celebró en Copenhague (Dinamarca), más de 5.000 correos electrónicos y otros documentos de la Unidad de Investigación sobre el Cambio Climático de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) han aparecido en la red una semana antes de la COP17. En aquel entonces parte del contenido de los mensajes de los científicos fueron empleados por los escépticos para poner en duda los datos que se habían aportado para justificar el calentamiento global. Una investigación posterior rechazó las acusaciones de fraude por parte de los expertos envueltos en el «Climategate».

10. EE.UU. Las últimas encuestas muestran que el 74% de los estadounidenses considera que las actividades humanas no originan el calentamiento global. Existe un consenso amplio, también, entre el 97% de la comunidad científica mundial: los humanos son responsables del cambio climático en una probabilidad del 90%, puesto que la composición química del planeta ha cambiado desde la época de la revolución industrial. El Premio Nobel de Química y asesor medioambiental del presidente Barack Obama, Mario Molina, ha manifestado recientemente que «la política interna de Estados Unidos no favorece la consecución de acuerdos internacionales en materia de cambio climático».

 

Fuente: DERF – 29/11/11

El derecho humano al ambiente

 

Al inaugurar la exposición Derecho al Ambiente. Muestra diálogo, un panel discutió sobre el desarrollo sustentable y los derechos humanos. Participaron funcionarios, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, y el especialista Antonio Brailovsky.

 

La íntima relación que existe entre derecho ambiental y derechos humanos fue el tema central en la presentación en sociedad de una muestra itinerante que tiene por objeto enriquecer la discusión sobre qué debe entenderse como “desarrollo sustentable” a la hora de fijar políticas públicas que sirvan para lograr la explotación racional de los recursos naturales. El especialista en historia ambiental Antonio Brailovsky hizo un recorrido crítico sobre la idealización que se hizo en su momento de la Revolución Industrial, hasta que la magia de la tecnología estalló junto con la bomba en Hiroshima. El periodista Horacio Verbitsky, en su carácter de titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), llamó a buscar equilibrios necesarios en provincias argentinas que en su intento por crear fuentes de trabajo terminan por afectar recursos vitales como el agua, al aprobar explotaciones mineras a cielo abierto. Todos los expositores coincidieron en la necesidad de avanzar en un debate nacional y latinoamericano sobre estos temas.

 

La exposición Derecho al Ambiente. Muestra diálogo, fue inaugurada ayer en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en la sede de la ex ESMA. Los discursos inaugurales estuvieron a cargo de la subsecretaria de Planificación y Política Ambiental de la Nación, Silvia Révora; del secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, y del director del centro cultural, Eduardo Jozami. Los presentadores hicieron hincapié en la importancia de dar “un carácter institucional a los derechos ambientales” y a “la relación entre el tema ambiental y la aplicación de los derechos humanos, en defensa de los intereses de los pueblos”.

 

Tras la presentación formal se hizo una mesa de debate. El primero en hablar fue Juan Manuel Abal Medina, secretario de Comunicación Pública, quien dijo que la política ambiental “no puede ser vista de otro lugar que no esté vinculado a los derechos humanos” y que eso significa “una transformación del modo de acumulación de nuestra sociedad, porque la economía debe estar centrada en satisfacer los derechos del pueblo argentino y de los pueblos latinoamericanos, en el marco de la recuperación de derechos de la que habla Cristina” Kirchner.

 

Horacio Verbitsky, quien elogió la presencia de Silvia Révora en la Subsecretaría de Política Ambiental, alertó sin embargo sobre medidas que adoptan gobiernos provinciales alineados con el kirchnerismo, como los de Formosa o Salta, autorizando explotaciones agrícolas o desmontes que afectan a los pueblos originarios wichí o qom. Sostuvo que “las explotaciones de modelo extractivo afectan a los pueblos originarios”, mientras que “los pobres urbanos (en las grandes ciudades) tienen que vivir a la vera de ríos contaminados por las grandes empresas”.

 

El presidente del CELS se refirió también a la política desarrollada por el gobierno de San Juan que “para crear nuevos empleos autoriza explotaciones mineras” cuestionadas por sectores de la sociedad. Verbitsky dijo que si bien “no se puede hacer un planteo que ignore el derecho de las personas” a trabajar, tampoco puede dejarse de lado el análisis negativo de los daños ambientales que esa actividad provoca. Dijo que el gobierno nacional debe tener una política muy firme en ese sentido. Como dijo conocer la postura a favor de la defensa del ambiente que tiene Révora, anunció entre sonrisas que “todo va a ser motivo de conflicto”, dadas las diferentes posiciones que existen, en la materia, dentro de distintas áreas del gobierno nacional.

 

Antonio Elio Brailovsky, a su turno, hizo una enumeración de hechos históricos relacionados con el medio ambiente y sus depredadores. Además de la Revolución Industrial y de las bombas arrojadas en Japón sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, señaló el Ecosidio que significó, para Vietnam y para el planeta, la decisión de los Estados Unidos de arrojar napalm en la guerra contra el Vietcong “porque había que matar a los árboles para poder matar al enemigo”. Brailovsky elogió las “terrazas andinas” creadas por los pueblos originarios en Perú y en toda América para resguardar sus cosechas de los invasores españoles.

Luego criticó la existencia de un libro de zoología que se usa hoy en las escuelas y que dice que “el indio es sucio y que no respeta a la fauna”, cuando la realidad indica todo lo contrario. Luego cuestionó la existencia, hoy, de “sustancias tóxicas” con las que hay que lidiar en forma cotidiana. La subsecretaria Révora, en el cierre, discrepó con algunos conceptos de Brailovsky y aseguró que se trabaja para controlar los residuos peligrosos. Resaltó luego que la muestra inaugurada, que será llevada a todas las provincias durante el año próximo, busca “generar discusión y conciencia ambiental en el pueblo argentino”.

 

Fuente: Página/12 – 26/10/2011

 

Córdoba, caso testigo del avance sojero sobre los bosques

Una comisión integrada por universidades, ONG y grupos campesinos consensuó un proyecto de ley de bosques. Horas antes de la votación en la Legislatura local, el gobernador envió e hizo aprobar otro texto, elaborado por las entidades rurales.

Ley 9814” es la denominación oficial de la flamante legislación de Córdoba que regula el uso y cuidado del monte nativo. “Ley del desmonte” y “Ley de los ruralistas” fue bautizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativos (Cotbn), ámbito oficial designado para consensuar una ley de bosques provincial. La Cotbn es el espacio científico y multisectorial que trabajó dos años y propuso una norma que establece cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicita rigurosos controles. A último momento, horas antes de la votación, la Legislatura provincial desechó el trabajo de la Cotbn y aprobó una ley que reduce el área de conservación a sólo 1,9 millón, permite actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debería proteger y deja de lado la participación de la sociedad civil. Desde la propia Secretaría de Ambiente de Córdoba afirmaron que la ley aprobada “no es la mejor” para el ambiente y reconocieron que prevalecieron los intereses de la Mesa de Enlace, que impulsa la soja y la ganadería intensiva. Científicos y campesinos alertan sobre las consecuencias de la ley aprobada: desmontes, desalojos y mayores sequías e inundaciones.

La Cotbn es el espacio oficial designado por la Secretaría de Ambiente para consensuar un proyecto de ley que proteja los bosques nativos, donde participaron tres universidades (de Córdoba, Río Cuarto y Villa María), Parques Nacionales, ONG ambientales y el Movimiento Campesino de Córdoba. Luego de dos años de trabajo, el 4 de agosto pasado el proyecto debía ser aprobado en la Legislatura de Córdoba.

“Se aprobó un texto muy diferente al consensuado, que contiene artículos polémicos, que posibilitan actividades perjudiciales para el ambiente aun en zonas donde debiera prohibirse toda actividad productiva”, explicó la presidenta de la Cotbn, profesora de Ecología Agrícola en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Alicia Barchuk. Fernando Barri es biólogo, docente de la UNC, investigador del Conicet y miembro de la Cotbn: “Dejaron caer todo un rico proceso participativo, con base productiva, científica y social, por el interés económico de unos pocos, Sociedad Rural y Cartez-CRA. Es una ley que habilita el desmonte”.

El lobby de la Mesa de Enlace estuvo encabezado por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Federación Agraria Argentina (FAA).

Sobre la base de la ley nacional (ver aparte), las legislaciones provinciales debían realizar un mapeo que determine categorías de conservación según colores: rojo (áreas a proteger), amarillo (se permite uso sustentable) y verde (se puede desmontar). La propuesta de la Cotbn determinaba cuatro millones de hectáreas en rojo. “La ley aprobada la reduce a 1,9 millón y, sobre todo, flexibiliza todos los criterios de las áreas rojas y amarillas, por lo que están en riesgo entre seis y ocho millones de hectáreas”, explicó Mario Barcena, del Movimiento Campesino (MCC).

De los 58 artículos de la ley, el número 14 es el que desató el escándalo. “En aquellos predios (de categoría roja o amarilla) en donde exista o se genere infraestructura para producción bajo riego, se los considerará incluidos en la Categoría de Conservación III (verde).” Fernando Barri tradujo a la práctica: “Habilita de manera encubierta los desmontes en zonas protegidas. Posibilita implantar cultivos sin perjuicio además de secar el acuífero y condenar esa tierra a un futuro salitral”.

La Cotbn explicó que la ley aprobada también deja abierta la posibilidad de realizar “aprovechamiento” en zonas rojas, con uso de maquinaria y siembra de especies exóticas, a pesar de que la norma nacional deja claro que allí sólo se podrá realizar conservación del ecosistema nativo.

Otra crítica es que se eliminó la obligatoriedad de proteger zonas con pendientes superiores al cinco por ciento, que –según la Cotbn– degradarán las cuencas serranas y reducirán el aporte de agua.

La presidenta de la Cotbn, Barchuk, explicó que si no se protege el monte nativo “seguirán los fenómenos ambientales extremos”, desde sequías a inundaciones. “Si no hay bosque que retenga el líquido, el agua se desliza hacia tierras bajas y habrá inundaciones”, explicó.

La ley de bosques dividió a la Federación Agraria. Un sector (filial de Río Cuarto y la juventud federada de Villa María) participó activamente de la Cotbn y acompañó la medida. Incluso emitió una carta de rechazó público a la ley aprobada. Otro sector, ligado directamente al presidente de la FAA provincial, Agustín Pizzichini, privilegió la alianza de la Mesa de Enlace, volvió a jugar para Cartez-CRA e incluso amenazó con cortar rutas si se aprobaba el proyecto de la Cotbn.

El vicepresidente de Cartez, José Manubens Calvet, agradeció el apoyo de Federación Agraria y definió como “muchachos sin mandato” a los federados que participaron de la Cotbn. “La soja pasó todos los límites, es cierto, no se puede negar”, sinceró en tono campechano. También reconoció que la ganadería necesita lugares nuevos y, según su entender, en el norte provincial “hay espacio y necesidad, nosotros ahora podemos ir y dar trabajo”.

“Seguí de cerca todo el proceso de la ley de bosques, y la verdad que el proyecto de la Cotbn era extremo, poco más que no permitía ni cortar una flor en el arco noroeste provincial”, explicó. Preguntó dos veces si de verdad hablaba con Página/12, y las dos veces hizo un silencio que parecía anunciar el fin de la comunicación. “Usted tiene que venir a Córdoba y yo en persona lo llevo a ver lo que es el campo cordobés. Cartez es el campo, no lo dude mi amigo, y Cartez sabe lo que es bueno para la provincia”, afirmó. El presidente de Cartez es Néstor Roulet, que hasta el año pasado fue vicepresidente de CRA y uno de los principales dirigentes de la Mesa de Enlace durante el conflicto por la Resolución 125.

Manubens Calvet afirmó que dejaron la Cotbn porque “había gente sin representatividad, que no sabe nada de campo”, relató con naturalidad que –por el tema ley de bosques– tuvieron reuniones con el ministro de Agricultura (Carlos Gutiérrez) y con “muchos legisladores”. Cuestionó que el proyecto original “pretendía legislar sobre la tierra privada y reconocer a los ocupantes ilegales (campesinos con posesión veinteañal)”. Pidió que los ambientalistas y el periodismo se ocuparan “de las cloacas de la ciudad, que emanan olor insoportable”, y evaluó a la ley sancionada: “No es la ideal, pero ayuda al campo”.

El presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, José Ignacio Romero Díaz, celebró la ley. “Es una respuesta madura a propuestas inmaduras (por el proyecto de la Cotbn). ¿Por qué digo eso? Porque esa Comisión está integrada por fundamentalistas de escritorio que entienden por bosque desde una arboleda hasta un yuyito”, arremetió. Se definió como “ambientalista, pero no extremo”, y evaluó que las entidades rurales jugaron “las fichas maduramente, hablando con el ministro de Agricultura, qué sí entiende de campo, y con nuestros legisladores”.

Las tres universidades que participaron en la Cotbn (de Córdoba, de Río Cuarto y Villa María) están en proceso de evaluación técnica y legal para pedir la inconstitucionalidad de la ley, por la aparente contradicción con la ley nacional. Además, la ley nacional es el piso que deben respetar todas las normas provinciales y, según la Cotbn, la ley cordobesa es más blanda, por lo cual debe ser vetada en su totalidad.

Todo el oficialismo (que responde al gobernador Juan Schiaretti) votó a favor de la cuestionada ley. Desde el área de Prensa del Ministerio de Agricultura explicaron que el ministro estaba de viaje por el interior provincial y no podía atender preguntas. El secretario de Ambiente, Raúl Costa, derivó la entrevista en el director de Fiscalización y Control Ambiental, Alejandro Girón. “No es la ley que hubiéramos querido, no es la mejor ley, hay que reconocerlo. La propuesta de la Cotbn modificada por al Comisión de Asuntos Ecológicos era más estricta, sobre todo en las áreas rojas, pero bueno, el campo tiene su peso, hay muchos legisladores que provienen de zonas netamente agrícolas, es lógico”, se sinceró Girón y no escondió las presiones: “Se cambió la ley porque el sector ruralista exigió cuestiones concretas, como poder realizar actividades en las zonas rojas”.

–¿Agricultura se impuso sobre Ambiente? –preguntó este diario.

–Cada uno defiende lo suyo. Agricultura apuesta a la producción y tiene una capacidad de presión importante. Si esto fuera Alemania y los ambientalistas tuvieran sus diputados verdes el resultado habría sido otro

FUENTE: Página 12, 06 de septiembre de 2010

---

DESPUES DE TRES AÑOS Y SIETE MESES LOS ASAMBLEISTAS DE GUALEGUAYCHU LEVANTARON EL CORTE

Una ruta que ya no tiene ninguna barrera

Una pareja compuesta por una uruguaya y un argentino fue la primera en pasar hacia Uruguay. El bloqueo se suspendió tras un acto en el que se exigió “monitorear a Botnia por dentro y demostrar que contamina”. Se abre un paréntesis de sesenta días en el conflicto.

Por Nicolás Lantos

El auto, un Renault Megane color gris, se achica en el horizonte hasta desaparecer, como el punto blanco en el centro de la pantalla de un televisor viejísimo. La película que acaba de terminar es la de un pueblo que se levantó en contra de una empresa extranjera y, en su lucha, cortó durante tres años y siete meses el paso entre Argentina y Uruguay, influyó en la política medioambiental y exterior de ambos países y, aunque no logró –y difícilmente logre– el objetivo que se había propuesto como máxima, la relocalización o desmantelamiento de la planta UPM ex Botnia, consiguió evitar la instalación de otra pastera y que dos gobiernos se comprometieran a controlar la pastera y el río Uruguay. Lo cual, coinciden muchos vecinos de Gualeguaychú, no es poco.

Ayer, ante apenas algunos centenares de vecinos, se levantó la barrera que cortaba la ruta internacional 163 que une esa ciudad entrerriana con su vecina Fray Bentos, en Uruguay. El bloqueo que se extendió durante más de tres años y medio había comenzado el 20 de noviembre de 2006, más de tres años después de que desatara el conflicto por la instalación inconsulta de industrias pasteras sobre el río Uruguay en la otra margen del río. Los asambleístas decidieron darle sesenta días de plazo a los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y José “Pepe” Mujica para que puedan conciliar un plan de monitoreo ambiental permanente. Según sostienen, ese control “va a demostrar que Botnia contamina”, habilitando nuevas instancias para intentar desmantelarla.

Aquel Megane es el primer coche que atraviesa la línea imaginaria que hasta pocos minutos antes marcaba la barrera. Adentro viaja un matrimonio: Daniel es argentino, Miriam uruguaya. Llegaron al paraje Arroyo Verde poco antes de las doce del mediodía y detuvieron el auto a unos 150 metros de la barrera. Se prestaron a charlar con los cronistas y las cámaras. Recibieron folletería de los ambientalistas y esperaron pacientemente hasta casi las dos menos veinte de la tarde, cuando finalmente pudieron pasar. Detrás de ellos se fue formando una fila que llegó a tener cuarenta vehículos, la mayoría autos y camionetas, pero también motos y hasta bicicletas. En sentido opuesto sólo había unos pocos valientes que cruzaron la frontera a esperar que se abra la ruta 163.

“Las mandarinas no son las mismas que antes, los limones salen manchados, es porque hasta el aire está contaminado”, se lamenta José Moreta, que vive en el Gran Buenos Aires pero tiene “un campito” cerca de Gualeguaychú, donde crecen sus cítricos. Confiesa que es la primera vez que se acerca a Arroyo Verde, pero dice que siempre apoyó la protesta. A su lado, Miguel Piana justifica la decisión que tomó la asamblea de levantar provisoriamente el corte, porque –asegura– rompe con la inmovilidad. “Dar un paso al costado de la ruta es mover las piezas en el tablero de ajedrez. Ahora les toca mover a ellos”, explica. Piana fue el primero en cruzar su auto sobre la ruta, el 4 de octubre de 2003, en lo que fue el primer corte del Puente Internacional San Martín, que se extendió durante una hora y media. “Nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo”, dice. No habla del corte sino del conflicto: los vecinos insisten en que el foco hay que ponerlo en la contaminación y no en la protesta.

Dos minutos antes de la una del mediodía empezó a sonar el himno. Luego se hizo un minuto de silencio por los asambleístas que fallecieron desde que comenzó la lucha. Roberto Marchesini, coordinador de la Asamblea, fue el primer orador de un acto breve. “Los gobiernos tienen la obligación” de respetar el Tratado del Río Uruguay para cuidar el medio ambiente, aseguró, pero también recordó que “cada uno tiene la responsabilidad de controlar al gobierno”. Entre gritos de “Fuera Botnia”, “No a las papeleras” y “Argentina, Argentina”, el asambleísta Miguel Leme leyó la proclama, que exige “monitorear a Botnia por dentro y demostrar que contamina”, critica al fallo de la Corte Internacional de La Haya porque “no tiene el elemento reparador de las sentencias” y advierte: “Permaneceremos vigilantes.”

“Nuestro reclamo inicial e irrenunciable sigue en pie contra el atropello a elementales principios ambientales que no fueron respetados por la Corte de La Haya –resaltaba el texto–. Botnia es ilegal, contamina y debe irse de la cuenca del río Uruguay. Exigimos que actúen en defensa de nuestros derechos.” Una vez que terminó la lectura, se dio por concluido el acto, y la barrera, removida en silencio mientras las cámaras apuntaban hacia otro lado, ya no estaba. Sin embargo, los vecinos no estaban dispuestos a abandonar la ruta tan pronto, y cada auto que pasó durante esa primera hora tenía que avanzar a paso de hombre entre los manifestantes. “Díganles a los uruguayos que las pasteras matan. Si no nos creen a nosotros, quizá les crean a los porteños”, le gritaba una mujer a los autos que iban en dirección a Fray Bentos.

Sobre un par de mesas había planillas donde la gente podía anotar su nombre y documento para hacerse responsable por el corte. Según los organizadores, ya tienen más de 700. “Nuestro problema no es la querella ni la Justicia –le aclaró a Página/12 Marchesini–, es la contaminación.” El coordinador de la Asamblea aseguró que el objetivo es lograr un “monitoreo objetivo, no uno político”. Luego aseguró que “Brasil se tiene que sumar” al control, “pero oportunamente.”

Cuando pasó el primer auto con patente uruguaya, se escucharon algunos murmullos aislados: hay todavía cierto resquemor en algunos vecinos. En realidad –explica Marchesini– el problema es con “los funcionarios uruguayos que violaron el Tratado del Río Uruguay sabiendo lo que estaban haciendo”. Otro histórico, Juan Veronesi, resume: “A los vecinos uruguayos les abrimos los brazos; a los gobernantes no”.

FUENTE: Página 12,  20 de junio de 2010

 

 

Un fallo judicial limita los agroquímicos

Freno a la fumigación

Un juez chaqueño prohibió el uso de agrotóxicos en las cercanías de un barrio y en zonas aledañas a los cursos de agua. Fue la respuesta a un amparo de los vecinos de La Leonesa y Las Palmas.

Por Darío Aranda

Por primera vez en el Chaco, la Justicia prohibió el uso de agroquímicos en cercanías de un barrio y, en un hecho inédito, también protegió los cursos de agua. El fallo tiene en cuenta el principio precautorio (ante la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es necesario tomar medidas protectoras) y ordena a los productores presentar un estudio de impacto ambiental. La medida es la respuesta a una medida cautelar presentada por vecinos de La Leonesa y Las Palmas (localidades a 60 kilómetros de Resistencia) contra las fumigaciones de una arrocera. Entre los productos prohibidos figuran el endosulfan y el glifosato, pilares del modelo de agronegocios.

El barrio La Ralera está ubicado en la zona sur de La Leonesa, lindante a campos de arroz. Desde hace ocho años, los vecinos denuncian el incremento de casos de cáncer, las intoxicaciones y la contaminación del agua producto de los agroquímicos. En los últimos tres años presentaron al menos 50 notas a distintos funcionarios y nunca tuvieron respuesta.

“En el barrio no crecen frutas, verduras y hortalizas. Se secan los naranjos y limoneros, como también los paraísos y otros arbustos. Pero lo más importante: los vecinos se enferman frecuentemente de patologías recurrentes y repetidas”, advertía en noviembre de 2008, en un documento público, la ONG Centro Nelson Mandela de Estudios e Investigación Social. También denunciaba el peligro de las comunidades indígenas y familias criollas cercanas a las arroceras. “Es más que seguro que continúen las lluvias de agrotóxicos y comiencen a manifestarse las enfermedades asociadas a la actividad”, avisaba.

En enero último, los vecinos presentaron un recurso de amparo y una medida cautelar contra las arroceras San Carlos y Cancha Larga, las municipalidades de La Leonesa y Las Palmas, el gobierno provincial y nacional. Solicitaron el cese de las fumigaciones, que los campos de arroz no sigan extendiéndose, que se considere la relocalización de los arrozales y se protejan las fuentes de agua.

El Juzgado Civil y Comercial Nº 14 de Resistencia, a cargo de Héctor Edgardo García Redondo, hizo lugar a la medida cautelar y prohibió las fumigaciones a menos de mil metros de las viviendas (si las pulverizaciones se realizan vía terrestre) y 2 mil metros si son aéreas. Nunca un fallo había extendido tanto el límite a fumigar y, en un hecho sin precedentes, además prohibió fumigar en cercanías de cursos de agua. También protege a las escuelas Nº 17 y Nº 68, que solían ver pasar las avionetas a pocos metros.

“Cabe resaltar que el principio precautorio indica que todo daño a la salud o al medio ambiente debe ser evitado o minimizado a través de medidas de carácter preventivo. Y la realización de ciertas actividades o empleo de determinadas tecnologías, cuyas consecuencias hacia las personas o al medio ambiente sean inciertas pero potencialmente graves, deben ser restringidas hasta que dicha incertidumbre sea resuelta”, fundamenta el fallo, que prohíbe el uso de glifosato, endosulfan, metamidofos, picloran y clopirifos, entre otros.

Este diario se comunicó con la oficina del responsable de ambas arroceras, Eduardo Meichtry, pero no hubo respuesta a la consulta.

“Es una medida muy importante porque es la primera vez que en el Chaco se frena a los agroquímicos. Y puede ser un antecedente importante para otras muchas comunidades de la provincia que sufren lo mismo que La Leonesa y Las Palmas”, explicó la asesora legal de la Red de Salud Popular, Alejandra Gómez, que acompaña a los vecinos en sus acciones.

El fallo, dictado el 29 de abril, exige un estudio de impacto ambiental en 90 días, solicita al Ministerio de Producción un “informe detallado” de las aplicaciones aéreas y terrestres, transporte, almacenamiento y fraccionado de plaguicidas y agroquímicos de las arroceras denunciadas, requiere a la Administración Provincial del Agua (APA) que dé cuenta de los análisis ya realizados en la zona y ordena la realización de “un estudio estratégico y acumulativo” sobre plaguicidas, agroquímicos y derivados en los cursos de agua de Las Palmas y La Leonesa.

También ordena al Ministerio de Salud de Chaco a realizar controles médicos cada 60 días a la población cercana a las arroceras hasta que se resuelva el amparo, y solicita a los municipios que entreguen, en quince días, un “informe detallado” sobre las medidas adoptadas en el tratamiento de residuos contaminantes de los productores.

La causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia, a la espera de que se resuelva la cuestión de competencia. No hay fecha posible de resolución.

Elio Servín vive hace 50 años en la zona. Es docente, padre de dos chicos y hermano de un joven de 30 años fallecido por leucemia. “Primero nos dimos cuenta de que el agua venía turbia y con mal gusto. Después comenzaron las alergias y más tarde enfermedades jodidas. Hace unos dos años nos juntamos e hicimos denuncias, pero nunca los políticos nos llevaron el apunte”, recuerda y piensa a futuro: “Ahora la Justicia empieza a darnos la razón; pero falta mucho, atrás de todo están los peces gordos, los verdaderos responsables de las muertes, empresas y políticos que no dan la cara”.

 

FUENTE: Página 12 – 14 de Junio de 2010

---

 

 

Campaña global

Promueven una corte internacional para el ambiente

Penaría a los responsables de daños a la naturaleza o destrucción de los ecosistemas

 

 Intentan establecer una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente que penalice a los responsables de desastres ambientales. Parece una utopía, pero los autores de la iniciativa confían en que un día su propuesta se transforme en realidad.

"Desde el punto de vista jurídico, las consecuencias de esos daños podrían ser juzgadas como crímenes contra la humanidad. Una Corte Penal Internacional del Medio Ambiente velaría por la protección de una naturaleza transfronteriza y protegería los derechos de las personas, que son ciudadanos del ecosistema Tierra", afirma Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz y presidente de la Academia Internacional de Ciencias del Ambiente de Venecia (IAES, según sus siglas en inglés).

De acuerdo con Pérez Esquivel, hoy esa impunidad ampara a petroleras y empresas contaminantes dedicadas a la gran minería y a los agronegocios, las que provocan, entre otras cosas, desmontes de bosques naturales. "Estas actividades generan graves impactos en la salud de las poblaciones locales, por la contaminación del agua, el aire y los suelos. Muchas empresas que contaminan actúan con el consentimiento de los Estados; por este motivo, los gobiernos de turno también son responsables de esos delitos", subraya. Y agrega: "No habría tantos crímenes ambientales si no fuera por el alto nivel de corrupción existente".

Para revertir esa si